A fin de mes se define si habrá proceso de enjuiciamiento contra el juez Ordoqui

En menos de diez días, la situación de Martín Ordoqui presidente de una de las salas del peldaño más alto en la Justicia Penal Bonaerense, comenzará a recorrer el camino del rechazo o la confirmación de las graves denuncias que se realizaron en su contra por la supuesta concesión de beneficios procesales a cambio de dinero.

Según informaron fuentes judiciales, el caso del camarista será analizado el jueves 22 de noviembre por el jurado de enjuiciamiento conformado por legisladores, representantes del poder judicial y del ejercicio de la abogacía.

Ese tribunal deberá decidir si se inicia un jury contra el magistrado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, un encuadre que derivó de investigaciones penales contra la denominada “mega banda” que estaría integrada por ladrones, operadores judiciales, policías y magistrados. Las operaciones de esta presunta organización derivaron en más de 30 investigaciones de robos, tráfico de drogas. Todo empezó con la investigación del asesinato del ex convicto Juan Farías, en 2010, en presunto ajuste de cuentas por su supuesta participación en un robo a la vivienda del entrenador de fútbol Víctor Zapata.

El cruce de evidencias (comunicaciones telefónicas, grabaciones, mensajes electrónicos) en la investigación que lleva adelante la fiscal Betina Lacki involucraría a Ordoqui en negociaciones con procesados y presuntos operadores vinculados con esa banda, de actuación a nivel local, que tiene entre los detenidos al ex juez César Melazo, el ex fiscal Tomás Moran y los policías Gustavo Bursztyn y Gustavo Mena.

VARIAS CAUSAS

La lista de acusaciones contra el juez se extendió luego de que la Justicia conectara con una causa con ramificaciones en capital federal y el distrito de San Vicente, en los que se puso la lupa sobre la presunta comercialización ilegal de tierras para la construcción de barrios cerrados.

Nuevamente, operadores que buscaban beneficios para procesados en esa investigación aparecieron vinculados con el magistrado y su equipo. Entre ellos, está la secretaría de la Sala 5, María Eugenia Mercado, sobre quien pesa una orden de detención en suspenso.

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La fiscal Lacki también consideró que Ordoqui debería estar detenido, pero el juez aún goza de los fueros por su función pese a que fue suspendido por un lapso de 90 días a fines de agosto. Incluso la Corte allanó su despacho e incautó computadoras.

Podría perderlos en breve, si el jurado de enjuiciamiento resuelve avanzar con el proceso que podría conducir a su destitución.

La fiscal avanzó hasta donde pudo, allanando la casa del hermano de Ordoqui, la oficina de la Sala V y hasta la vivienda de su secretaria.

En esas gestiones terminó procesada por falso testimonio, María Constanza Fonrouge, una relatora de Casación que tiene aprobado el pliego para ser jueza y que iba a ser designada en el Departamento Judicial de Quilmes.

LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL

El tribunal encargado de esa decisión, el 22 de este mes, está conformado por los abogados Juan Emilio Spinelli (de Necochea); Alicia Cristina Racig; Aníbal Juan Mathis; Fulvio Germán Santarelli y Ricardo Arturo Fabris, estos cuatro últimos de San Isidro.

Como suplentes fueron designados Ricardo José Naredo; Hugo Rubén Galderisi y Pedro Bautista Toma, todos de Lomas de Zamora.

Los conjueces del Poder Legislativo son el senador Sergio Berni (Unidad Ciudadana); el diputado Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana); el diputado Guillermo Ricardo Castello (Cambiemos); la diputada Sandra Silvina Paris (Cambiemos); el senador Julio Marcelo Dileo (Cambiemos). Como suplentes fueron designados, el diputado Santiago Andrés Nardelli (Cambiemos); la senadora Nidia Alicia Moirano (Udeso); y la diputada Rocío Soledad Antinori (Cambiemos).