La fiscal María Eugenia Di Lorenzo fue designada para investigar la presentación que días atrás formularon los defensores de Lucas Puig (el profesor de música que en 2010 fue acusado de corrupción de menores, lo absolvieron en un juicio y en 2020 podría enfrentar otro por el mismo delito), contra uno de los jueces de la Sala V de Casación, Martín Ordoqui.
Como ya anticipó este diario, los defensores Alberto Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig denunciaron al suspendido camarista por haber anulado el fallo absolutorio de Puig sin investigar “la posible comisión de un delito de acción pública”.
Es que, “días antes de interponer los sendos recursos de casación, violando entre otros el principio de coherencia, los particulares damnificados habían realizado con fecha 18/11/2015 una nueva denuncia en la misma Fiscalía de la Dra. Virginia Bravo (UFIJ 7) en la que se sustanció toda esta causa” diciendo “que los hechos tuvieron ocurrencia en el año 2009”, mientras que en la denuncia original figura que los hechos “ocurrieron entre el 2 de marzo y 12 de marzo del año 2010”.
Apaz y Fernández Koenig argumentaron que, sin tomar en cuenta su denuncia, el camarista anuló el fallo absolutorioque había beneficiado a Puig y ordenó un nuevo juicio, sin que “esta evidente contradicción” mereciera “el tratamiento adecuado” por parte de Ordoqui.
Teniendo en cuenta que el camarista está acusado de haber cobrado sumas importantes de dinero a cambio de otorgar beneficios procesales, los abogados pidieron investigar si en las escuchas incorporadas a las causas “el magistrado ha tenido contactos y/o comunicaciones, con los denunciantes” o “sus representantes legales”.
De esto se encargará Di Lorenzo, se informó oficialmente en las últimas horas.
El caso Puig se inició en 2010 con la denuncia por abuso que radicaron en la UFI 7 de Virginia Bravo los padres de dos alumnos del colegio San Benjamín de Los Hornos que entonces tenían 3 y 4 años.
Después de muchas idas y vueltas finalmente se hizo el juicio oral a cargo del TOC 1 que, integrado por los jueces Jorge Moya Panisello y Andrés Vitali, absolvió al docente el 17 de noviembre de 2015. La parte acusatoria apeló el veredicto a Casación y la sala V (a cargo de Ordoqui y Jorge Celesia) declaró su nulidad en 2016.
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