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La transferencia de subsidios impondrá un severo ajuste en el municipio. En el medio, hay reclamos sin respuestas
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El devenir de las negociaciones por el Presupuesto provincial provocó esta semana un sinfín de corridas frenéticas en el palacio de calle 12. Los funcionarios del área económica de Julio Garro se mantenían en ascuas sobre las definiciones del proyecto de gastos y recursos municipal, cuya presentación viene demorada junto con la propuesta de aumento de tasas para el año que viene.
“La Comuna tendrá que hacer un ajuste cercano a los $ 1.000 millones”
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Las transferencias de responsabilidades que propone la gobernadora Vidal a los municipios es de viabilidad “imposible” para la administración platense, como ya lo expresó públicamente el Intendente. Implicaría un ajuste de más de 1.000 millones de pesos, al tener que asumir las cargas del subsidio al transporte, la tarifa energética social y los gastos totales de la Ceamse.
En el municipio confían en que las resistencias que provocan esos aspectos del texto enviado a la Legislatura en los intendentes, concluyan en la marcha atrás de esas transferencias. No obstante la incertidumbre, el martes serán girados al Concejo Deliberante los proyectos de Presupuesto municipal y Ordenanza Fiscal, con cálculos que quedarán del todo sujetos a lo que resuelvan los legisladores provinciales. “En todo caso, se cambiará sobre la marcha”, evalúan en el Ejecutivo.
Con todo, los recursos totales que se esperan percibir en 2019 son del orden de los casi 10 mil millones de pesos. Sin embargo, en la calle 12 admiten que casi mil de ellos, es decir, un 10 por ciento, son restados por lo bajo: es que pertenecen a la deuda que la Provincia mantiene con la Comuna por la tasa de Capitalidad y el cálculo que por este concepto la Ciudad debiera percibir el año que viene, y cuyas expectativa de cobro en silencio han desestimado.
A pesar de que el municipio y la Provincia tengan el mismo color político, el reclamo por la tasa de servicios urbanos municipales a los edificios de la administración bonaerense podría judicializarse el año próximo. Así sería si se tiene en cuenta que la ordenanza impositiva establece que las intimaciones judiciales a deudores de tasas deben realizarse cuando la morosidad supera los tres años. Hace tiempo en el entorno del Intendente se preguntaban: “¿Si Vidal reclamó el Fondo del Conurbano al Presidente, por qué Garro no puede reclamar a la Gobernadora su deuda con la Ciudad?”. Quedarían así la Ciudad y la Provincia frente a frente.
Ya es sabido, a pesar del silencio que sobre el tema hacen en el ministerio de Economía de Hernán Lacunza, que el gobierno provincial considera que como la tasa de Capitalidad surge de un convenio y no de una ley no existe obligatoriedad de pago. La oposición local insistirá en la presión para que la municipalidad reclame el monto por el alumbrado, barrido y limpieza a todas las sedes administrativas de los estamentos provinciales.
No es poco dinero para las arcas locales y tampoco es consuelo que en el Presupuesto de la Gobernadora La Plata aparezca como el municipio más beneficiado en materia de las obras que la Provincia proyecta realizar el año próximo. Todo ingreso cuenta, sobre todo ante el inminente inicio de un nuevo sistema de recolección de residuos implicará más gastos que los previstos.
“No existen señales sobre la deuda de la Provincia por la Capitalidad”
La Comuna, mientras tanto, se apura para disponer algunas medidas en busca de apaciguar el clima de malestar en su planta de personal. Garro acaba de decir que su gestión no está en condiciones de hacer frente al pago de un bono de fin de año, tal como lo harán la Nación y la Provincia.
En cambio, avanzaría con el pase a planta permanente de unos 1.000 agentes que desde hace año revistan como temporarios.
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