Insuficiente información y transparencia en el proyecto de Presupuesto provincial

En un artículo publicado en El Día el 28 de julio pasado hice referencia a algunos hechos que a mi juicio cuestionan la transparencia en la gestión declamada por el gobierno provincial. La lectura de los Proyectos de Presupuesto y de Ley Impositiva 2019, corroboran esta visión. A continuación resumo algunos puntos que merecerían mayores explicaciones y definiciones de política por parte del Poder Ejecutivo provincial.

1) DÉFICIT DE INFORMACIÓN BÁSICA Y ESENCIAL

En primer lugar es insólita la ausencia de información detallada y comprobable referida a la ejecución del Presupuesto 2018 y al stock de deuda provincial. Ello es consecuente con la ausencia de datos públicos en esta materia, ya que el Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia hace tiempo no publican datos de ejecución presupuestaria.

Esta situación obedece en parte a los problemas del nuevo Sistema Integrado de Administración Financiera, iniciativa loable pero de pésima implementación por pretender “trasplantar” el mismo sistema vigente en la CABA, sin atender las grandes diferencias existentes entre una administración y otra, básicamente la mayor complejidad y extensión de Buenos Aires.

Esto limita notablemente el análisis del proyecto 2019, pues toda referencia y comparación debe realizarse respecto de un cuadro de proyección 2018, muy agregado, que no permite corroboración, ni análisis sectorial o funcional y menos a nivel de partidas y programas.

Pero lo más inadmisible es la falta de detalle respecto de la composición y stock de deuda provincial, toda vez que la administración cuenta con tal información y debería estar disponible.

Esto no es menor pues el proyecto 2019 prevé un monto de intereses inferior en valores nominales respecto de lo proyectado pagar este año, cuando la deuda es mayor, lo cual es muy difícil de entender y mucho más si no se cuenta con la información suficiente.

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Mención especial merece el párrafo que afirma que “que no habrá incremento de la deuda” (punto 3.3 de los fundamentos), cuando surge muy claramente de las planillas anexas que se prevé un endeudamiento neto, o sea mayor deuda, por $ 33.813 millones.

2) MAYOR ENDEUDAMIENTO QUE EL ADMITIDO PÚBLICAMENTE

Tampoco es cierto que la autorización de endeudamiento solicitada a la Legislatura sea por “solo” $ 68.500 millones. Los artículos 32 y 33 implican incremento de deuda. El primero para emitir letras de tesorería, que no constituirían deuda pública en los términos de la Ley de Administración Financiera, si no ocurriera lo que se corrobora desde hace unos años y que consiste en la renovación constante de tales instrumentos, por lo que su acumulación alcanzará a fines de 2019 a $ 20.016 millones, desvirtuando el concepto de deuda de corto plazo que debiera cancelarse siempre dentro del año de su emisión.

El proyecto de Presupuesto implica la posibilidad de aumentar la deuda en $132.000 millones

El artículo 33° confirma la necesidad de solicitar autorización para endeudarse con ANSeS según lo previsto en el Convenio entre Nación y Provincias para la devolución del 15% de los recursos coparticipados, lo cual fue eludido por el Poder Ejecutivo en 2016, en base a una interpretación jurídica errónea, consecuencia de lo cual tomó deuda por $ 6.207 millones por sobre al monto autorizado por la Legislatura. En este ejercicio “reconoce” dicho “error” pero no explicita monto; surge de las planillas anexas que preverían $ 10.000 millones, cifra que parece alta y que debería acotarse.

Más aún, por el artículo 35 se solicita la posibilidad de “garantizar pagos, otorgar fianzas y avales,… a los efectos de implementar proyectos de Participación Público Privada” por hasta el 30% (en 2018 fue 15%) del PBG provincial, lo cual significa un monto aproximado de $ 45.000 millones. El uso de esta autorización implica endeudamiento, por lo tanto debería darse una razonable explicación respecto de lo actuado este año, de la necesidad de ampliar el monto y de cuáles son los proyectos PPP que el PE tiene bajo estudio y qué probabilidades de concretarse tienen.

Resumiendo, el proyecto de Presupuesto 2019, de aprobarse en los términos presentados, implica la posibilidad de aumentar la deuda provincial en hasta aproximadamente $ 132.000 millones.

3) AUSENCIA DE POLÍTICA RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS NACIONALES

El traspaso de responsabilidades que atendía el gobierno nacional a la Provincia - esto es la financiación de las tarifas sociales en los servicios de agua y energía eléctrica, la regulación de las empresas distribuidoras Edenor y Edesur y los subsidios al transporte automotor de pasajeros – tiene un dimensión financiera que el proyecto de Presupuesto estima en $ 34.164 millones y que en parte se plantea “descargar” en los municipios.

Esto en sí mismo ya requeriría de una mayor explicación de parte del Poder Ejecutivo, especialmente respecto al origen y composición de la cifra, pero tan importante, o más, es la necesidad que se explique cuál es la política pública que se piensa aplicar en materia de regulación de dichos servicios, la política tarifaria y la de subsidios.

La experiencia de transferencias de servicios desde la nación motivada exclusivamente por cuestiones financieras ha tenido consecuencias negativas en la prestación de dichos servicios.

En la década de los ’90, en nuestra provincia, lo fue la transferencia de servicios educativos, diseñada básicamente para disminuir gasto nacional. Lo que podía y debería haber sido una política razonable, que el nivel provincial de gobierno administre los niveles primario y secundario, fue una experiencia conflictiva y que tuvo costos financieros y, peor aún de gestión y calidad educativa, negativos para la educación provincial.

La actual situación hace recordar mucho a aquella. Es explícito que la única motivación es lograr el déficit 0 en nación, pero las consecuencias del traspaso exceden lo financiero pues se corre el riesgo que la puja por disminuir la incidencia presupuestaria, sin una definida política previa, termine resultando, especialmente en el transporte, en mayores tarifas para los usuarios, menores ingresos para las empresas (el mix de subsidios y tarifas puede que no alcance a financiar los costos) y consecuentemente provoque una disminución en la calidad de prestación del servicio.

Dada su trascendencia este tema no puede tratarse solamente como un ítem de gasto en el Presupuesto, dedicar un par de frases en el mensaje y además “correr” a los municipios con la transferencia de costos para tener un elemento de negociación en la discusión legislativa. No es serio.

Además, en el AMBA es absolutamente necesario coordinar la política de transporte. Antes se ocupaba la Nación, a partir de ahora ¿Cómo se hará? ¿Cuál será la política tarifaria y de subsidios? ¿Respecto del Sube? ¿De las frecuencias, recorridos, antigüedad de parque? ¿O lo decidirá la Nación y luego “nos pasará” la cuenta?

La Provincia debería tener algo que decir al respecto y formular cuáles son sus objetivos hacia el futuro, no solo por el impacto presupuestario, sino por la incidencia en el ingreso disponible de los usuarios, la ecuación de costos de los prestadores de servicios y la regulación del servicio público.

4)  LA PRESIÓN TRIBUTARIA EN INGRESOS BRUTOS

La política tributaria tiende a modificar la estructura impositiva provincial incrementando los impuestos patrimoniales y disminuyendo los que gravan la actividad económica, este año solo en Ingresos Brutos. Comparto esta visión y decisión de política.

Solo señalo en materia de falta de transparencia que no es verdad que no se incremente la presión de Ingresos Brutos sobre los comerciantes de ventas minoristas, mayorista y proveedores de servicios.

Desde el inicio de esta gestión no se modifican los montos límites de facturación por debajo de los cuales se tributa una alícuota diferencial menor, de 3,5%, en lugar de 5% para el comercio y 4% o 4,5% para servicios.

La inflación de enero 2016 a diciembre 2018 rondará 150%, por lo tanto, al congelarse dichos montos y aumentar la facturación año a año, aunque solo sea por incremento de precios no de cantidades vendidas, numerosos contribuyentes pasan a tributar la alícuota máxima.

No es verdad que no se incremente la presión de Ingresos Brutos sobre los comerciantes

Seguramente hace a la “mejor” política tributaria homogeneizar la alícuota en cada sector, pero lo correcto es explicarlo debidamente.

La mejora en la calidad institucional, tan necesaria y declamada como objetivo de gobierno, requiere que la discusión legislativa del Presupuesto y la Ley Impositiva se apoye en información más detallada, profunda y oportuna.

Es obligación del Poder Ejecutivo brindarla y del Poder Legislativo exigirla y crear instancias en su ámbito que permitan mejorar el análisis, como ha ocurrido a nivel nacional con la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y como pretendía el Proyecto de Ley para crear una Oficina similar en el ámbito provincial, que nunca se trató siquiera en la Comisión de Presupuesto de la HCD.

(*) Economista. Ex Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Ex subsecretario de Gestión Económica del Transporte del Ministerio del Interior y Transporte