El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le dictó ayer la prisión preventiva, y le trabó embargo por 400 millones de pesos, a Myriam Chávez de Balcedo, madre de Marcelo Balcedo, el sindicalista y empresario detenido en enero pasado en la ciudad uruguaya de Punta del Este.
La imputada había sido detenida, luego beneficiada con arresto domiciliario, hace dos semanas sospechada de integrar “una asociación ilícita de alta complejidad y gran capacidad económica”, se presume que para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
En su resolución, el juez también procesó por lavado de dinero y asociación ilícita y dictó la prisión preventiva al contador del SOEME Julio Pecollo, y le trabó embargo por 300 millones de pesos.
La misma medida se adoptó para la procesada Silvina Hebe Canal, con embargo por 200 millones, se afirma en la resolución judicial.
También se le dictó preventiva a Hebert Raúl Da Cunha, a quien recibió un embargo de 100 millones de pesos.
El juez ordenó ampliar el procesamiento, con prisión preventiva de Mauricio Elias Yebra, también por asociación ilícita y lavado de activos, con embargo por 200 millones de pesos.
En paralelo, el magistrado amplió el pedido de extradición sobre Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay desde enero pasado.
En tanto, el abogado Guillermo Cháves fue procesado sin prisión preventiva, por lo que fue excarcelado, pero sufrió un embargo de 100 millones de pesos.
Además se dispuso el procesamiento, sin preventiva, para Francisco Alberto de Marco, con embargo por 75 millones de pesos.
En la resolución, el doctor Kreplak dispuso procesar, sin prisión preventiva, al imputado Pablo Andrés Landini, con embargo por la suma de 40 millones de pesos.
Sobre este último procesado, su abogado defensor Marcelo Peña adelantó ayer que recurrirá ante la Cámara Federal la suma del embargo y el encuadre legal que le endilgan a su asistido.
En la resolución, el juez explicó que los imputados formarían parte de una organización delictiva dedicada a obtener dinero a través de actividades ilícitas; entre ellas la administración infiel del SOEME, usura con préstamos a afiliados de esa obra social, afiliaciones compulsivas a ese sindicato, posiblemente de actividades de narcotráfico y extorsión de personas, hechos presuntamente cometidos entre 2012 y 2018.
“Se hacían de fondos de procedencia ilícita que luego eran volcados al mercado por diversos procedimientos, con apariencia de ilicitud”, se afirma en la resolución judicial.
A todos, se les imputa, en principio, el delito de “asociación ilícita y lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, algunos como coautores y otros como partícipes necesarios”, se detalló.
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