Cayó una de las prófugas por la estafa millonaria con sueldos docentes truchos

La causa que investiga una presunta defraudación millonaria al Estado provincial con el pago de sueldos docentes truchos sumó en las últimas horas una detención más: se trata de una mujer identificada oficialmente como Rufina Cabrera, quien estaba prófuga y ayer se acercó a las oficinas de la UFI que instruye la causa para averiguar su situación. Quedó presa.

De este modo, ya son seis los detenidos y hay otra imputada que permanece prófuga, confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta indagará hoy a Cabrera por los mismos cargos que enfrenta el resto: “Fraude en perjuicio de la administración pública”. El funcionario había pedido una carátula más grave -asociación ilícita-, pero la jueza Marcela Garmendia no estuvo de acuerdo con ese encuadre.

El caso se conoció la semana pasada, con la captura de cinco personas, dos hombres y tres mujeres, tras una serie de allanamientos que derivó de la denuncia radicada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Los operativos se realizaron en 144 entre 44 y 45; en 22 entre 36 y 37 y otros cuatro en Arturo Seguí, donde se secuestraron teléfonos celulares, 400 mil pesos en efectivo (entre pesos y dólares), tarjetas de crédito, dispositivos móviles y de almacenamiento y tickets de extracciones bancarias.

Los detenidos fueron identificados como Alberto Martín Acevedo (34); Benjamín Ezequiel Benítez Fredes (28); Jésica Cabrera (paraguaya, de 27); Laura Alejandra Estrella (42) y María Asunción Cabrera (paraguaya). Por lo que se pudo determinar, Acevedo es el único empleado del organismo oficial. Según fuentes del caso, trabajaba en el área de Contralor Docente e ingresaba periódicamente con su clave del sistema informático “servicios de personal educativo de al menos seis personas, quienes mensualmente percibían, tanto en forma retroactiva como continua, ingresos por servicios que nunca prestaron” como preceptores en escuelas del partido de La Matanza.

Según la investigación, esto habría ocurrido, por lo menos, entre febrero de 2017 y agosto de 2018, constituyendo una defraudación contra las arcas públicas por casi cuatro millones de pesos.

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Al parecer, estas personas percibían el dinero a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, que no requiere la apertura de una cuenta bancaria: basta con figurar en la nómina que todos los meses la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envía al banco (tarea que tenía a su cargo el sospechoso de liderar la banda) y presentarse en la entidad con el DNI.

Los imputados son familiares o se conocían entre sí.