Susana Gómez había realizado 13 denuncias contra Carlos Goncharuk y la Justicia la había amparado con una restricción perimetral, que el hombre violó en 2011 para golpearla con saña hasta provocarle lesiones que la dejaron ciega. Aquella terrorífica escena final de una secuencia con años de violencia, vuelve del espantoso recuerdo: su ex pareja, condenado por lesiones gravísimas, saldrá en libertad en una fecha aún no definida de 2019.
La mujer, que tuvo cuatro hijos con Goncharuk, viene reclamando a la Justicia que se tomen medidas para garantizar la protección de su vida y la de su familia ante la próxima salida de prisión del agresor.
Entre esas acciones está el cumplimiento de una orden que fue en la condena a 8 años de prisión: la realización de un curso obligatorio sobre violencia de género, cuyo objetivo es que no vuelva a cometer delitos similares.
Según la mujer, Goncharuk se niega a realizar esa actividad y nadie puede garantizar que tome conciencia de lo que hizo.
Gómez contó que llevó esos reclamos ante el juez de ejecución penal José Villafañe, que llevó adelante el juicio: “El juez me dijo que no podía hacer nada si la persona no quería -asistir a esa actividad- y me dijo que me cuide cuando salga”. Junto con la recomendación, según señaló la mujer, el juez le indicó que “me podía dar algunas medidas cautelares”, de restricción de acercamiento.
En aquellos años de violencia, Gómez huyó a la casa de sus padres y luego buscó asistencia en la “Casa María Pueblo”, la ONG platense que ayuda a las víctimas de violencia de género.
Tras la cita con el juez, esta semana buscó acompañamiento a su reclamo en la Procuración General de la Corte Provincial.
Según indicó, ayer fue recibida por un funcionario de la Secretaría de Política Criminal.
No se llevó las garantías que viene pidiendo: “Me indigna que no me escuchan. No es solo a mí, si no a todas las víctimas de violencia de género”, dijo Gómez y preguntó: “Me sacó la vista, ¿qué más me va a sacar, la vida? ¿Qué esperan?”, dijo Gómez.
“LOS HAGO RESPONSABLES”
En ese sentido, advirtió a la Justicia y los funcionarios que “los hago responsables de todo lo que me suceda”. No obstante, indicó que Gustavo Campos, el funcionario que la recibió se comprometió a “tomar las medidas necesarias”. Durante los últimos años, Gómez se desempeña como telefonista de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en cumplimiento del cupo de discapacidad, y tiene 4 hijos con su agresor, de entre 13 y 8 años, quienes se negaron a retomar la relación con su padre.
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