El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, denunció hoy que el gobierno bonaerense realizó "sumarios masivos" a docentes que se adhirieron a los paros del sector, pero desde el Ejecutivo rechazan la acusación y aseguran respetar "el ejercicio del derecho constitucional de huelga".
En diálogo con Télam, el dirigente gremial manifestó que los maestros que adhirieron a la huelga "sufren el ataque y la persecución de las autoridades bonaerenses".
En tanto, desde la Dirección General de Cultura y Educación provincial (virtual Ministerio de Educación) rechazaron las declaraciones de Baradel y dijeron "respetar el pleno y efectivo ejercicio del derecho constitucional de huelga de sus agentes", dijeron a Télam fuentes oficiales del gobierno bonaerense.
Detallaron que las investigaciones sumariales "constituyen procedimientos legales previstos en el artículo 140 del Estatuto del Docente ante la posible comisión de faltas administrativas por transgresión de la normativa que rige el desempeño de la función docente".
Baradel expresó que "hicimos una presentación en un tribunal de Trabajo porque el gobierno de María Eugenia Vidal amedrenta a los trabajadores de la Educación, en un intento de disciplinamiento y en represalia a la lucha que venimos llevando a cabo durante este año".
"Estamos esperando que la Justicia se expida. Pero no puede ser que hayan iniciado más de 500 sumarios a los docentes y directivos que ejercieron su legítimo derecho a huelga".
Sostuvo que desde la Dirección General de Cultura y Educación "también se iniciaron sumarios a docentes que usan lenguaje inclusivo, que llevan adelante acciones gremiales e, incluso, se separó del cargo a un director porque un chico eligió la marcha peronista como música de fondo para recibir su diploma".
Y apuntó: "Me pregunto si no habría que separar del cargo a la gobernadora Vidal y a su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, por las muertes de Sandra (Calamaro) y Miguel (Rodríguez)", ocurridas en agosto tras una explosión en la escuela 49 de Moreno.
El gobierno provincial destacó que "en algunos casos, el Ministerio de Educación (provincial) constató el cierre de algún establecimiento educativos en horarios y días de clases sin razones previamente informadas y justificadas, mientras que en otros casos se observó que, no obstante dicha constatación, las planillas de contralor consignaban falsamente que el personal docente se encontraba presente (falsedad ideológica de la documentación)".
Remarcaron que las investigaciones sobre situaciones anómalas "configurarían transgresiones al Estatuto del Docente que imponen al director el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar la apertura y cierre del establecimiento durante todo el curso escolar".
Y añadieron que "también constituyen deberes del secretario y director la suscripción y control de los contralores administrativos para el cumplimiento de la normativa".
Aclararon, a la vez, que "el inicio de una investigación sumarial no implica sanción, sino una investigación ante la presunta comisión de irregularidades" y agregaron que "sólo luego de la sustanciación en la etapa defensiva pertinente, de resultar responsable personal docente, podría corresponder la aplicación de alguna sanción".
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