BRASILIA
La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó ayer una nueva denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el presidente Michel Temer (ya tiene otras dos denuncias previas) y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios de que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (San Pablo), un reducto de influencia política de Temer.
Rodrimar ha sido señalada por los investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido unos 32,6 millones de reales (unos 8,3 millones de dólares) de dinero ilícito. Los pagos de sobornos eran realizados a través de empresas de amigos de Temer, entre ellas una atribuida al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, quien llegó a ser detenido en marzo y también fue denunciado ayer por la Fiscalía, en el último día antes del inicio del receso judicial.
La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017. (EFE)
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