En su versión de 2017, diciembre albergó una de las secuencias más virulentas que se recuerden en materia de conflictos entre el municipio y las organizaciones de vendedores ambulantes. Doce meses después, la Comuna vuelve al ataque; ayer impulsó un operativo contra los manteros del microcentro en el que se labraron decenas de contravenciones.

Las autoridades consideran que, a diferencia del año pasado, ahora cuentan con un par de ases bajo la manga a la hora de mantener una relativa paz en los principales centros comerciales; por un lado, la inminente apertura del Paseo de Compras 80, que ofrece plazas para la “reconversión laboral” de los vendedores irregulares; por el otro, la decisión de denunciar ante la Justicia Penal, por el delito de “desobediencia” a quienes “persistan en la actividad clandestina acumulando infracciones”.

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Los operativos de ayer se desplegaron a lo largo de avenida 7, entre las plazas Italia y San Martín, y las calles adyacentes transversales; inspectores de Control Ciudadano y efectivos de la Policía Local inspeccionaron decenas de puestos informales de venta de accesorios para celulares, juguetes, ropa, calzados, bijouterie, relojes, frutas y verduras.

“Se detectaron múltiples infracciones a la reglamentación municipal que impide el desarrollo del comercio ilegal en la vía pública” informaron desde la Comuna, “por lo que se labraron las actas contravencionales correspondientes que serán elevadas a la Justicia de Faltas”.

Según trascendió, de reincidir en prácticas comerciales no permitidas los responsables podrían ser denunciados ante la fiscalía de turno por incurrir en el delito de “desobediencia”.

“Quienes violan las cautelares emitidas por la Justicia de Faltas incurren en desobediencia, y pueden ser imputados y aprehendidos por ese delito” explicó Fernando Padovan, subsecretario de Seguridad local.

DENUNCIA CON ANTECEDENTES

El funcionario recordó que “es un curso de acción que ya se ha adoptado en casos de venta ambulantes y de organización de fiestas clandestinas”.

El artículo 239 del Código Penal dispone que “será reprimido con prisión, de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

Este delito es, en principio, excarcelable. “El de los ambulantes es un problema de orden público y espacio público, cuyo aprovechamiento y disfrute debe ser para toda la comunidad y no sólo un sector”, sentenciaron los voceros.

Entre las calles 80, 134, 79 y la proyección de 135, al sudeste del Cementerio, el Paseo de Compras 80 albergará unos 800 puestos, cuyos dueños deberán “blanquear” sus prácticas y operaciones, demostrar el origen de su mercadería y sus proveedores, y p agar los tributos fiscales mínimos para poder funcionar y renovar semestralmente los permisos gratuitos que entregará la municipalidad.