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El titular de Suteba está apuntado por el rol que cumplió la vocal de ese gremio en el directorio del organismo
El titular del sindicato docente Suteba Roberto Baradel “tendría que ser citado” por la Justicia para dar cuenta de las acciones de la vocal de ese gremio en IOMA en las estafas investigadas por la Justicia. Así lo afirmó ayer el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, Idelmar Seillant, quien impulsó una serie de denuncias a partir de las cuales se abrió la causa.
Seillant advirtió que “por acción o por omisión”, los gremios que formaron parte del directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), como la UPCN y el Suteba, deben dar explicaciones.
La semana pasada, los vocales Patricia Nisenbaum y Luis Pérez, que integran el directorio de IOMA en representación de los gremios Suteba y UPCN, respectivamente, quedaron en la mira por su permanencia en los cargos pese al procesamiento dictado por la Justicia.
Eso, a pesar de un dictamen firmado por la Asesoría General de Gobierno en el que el organismo de control, tal como informó EL DIA la semana pasada, recomendó que sean suspendidos de sus funciones ante la posibilidad de que la permanencia en los cargos entorpezca la investigación judicial.
Patricia Nisenbaum (una dirigente cercana a Baradel) y Luis Pérez, quien responde al titular de UPCN Provincia Carlos Quintana, fueron procesados junto al ex titular de IOMA en la gobernación de Daniel Scioli Antonio La Scaleia, otros 14 directivos y dos empresarios. La fiscalía de Alvaro Garganta investiga su participación en una serie de estafas millonarias con internaciones domiciliarias falsas y sobreprecios en la compra de medicamentos, insumos y prótesis.
“Desde 2011 hasta fines de 2015 hemos presentado una serie de denuncias por delitos complejos; son cerca de 32 causas y todas tienen las mismas características”, explicó ayer Seillant en referencia a la figura penal de “fraude y asociación ilícita”.
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Se calcula que hubo un perjuicio por $650 millones en las arcas de la obra social de empleados bonaerenses por “internaciones domiciliarias, provisión de insumos, compra de prótesis, facturaciones dobles, cheques apócrifos”, entre otros delitos que se investigan, subrayó.
Seillant destacó que el IOMA cuenta con 2.400.000 afiliados atendidos en 198 delegaciones distribuidas en 14 regiones, por lo que “la asociación ilícita se hacía de la misma formalidad en toda la provincia de Buenos Aires”.
“La gran cantidad de denuncias se basa en que haya un directorio cómplice que permita que estas irregularidades se ejecuten en todas las direcciones”, remarcó.
“En el Suteba de Baradel estaba Patricia Nisembaum, y cualquier representante del gremio responde por el que encabeza ese gremio, por eso está involucrado también el ex presidente de IOMA”, dijo el abogado en alusión a Antonio La Scaleia,
En el caso de Baradel, Seillant señaló que se trata de una “una vocalía muy importante, y las autoridades del Suteba, por acción u omisión, deberían haber denunciado”.
“Para que una obra social sea transparente necesita de una determinada característica de auditorias, pero la única que puede evaluar si le llega o no le llega al afiliado el beneficio es la auditoria de terreno, y esa la desmantelaron vía el directorio”, dijo Seillant, quien agregó que se trata de “cifras millonarias”, por lo que “en cierto grado, todos tienen que dar explicaciones”.
El fiscal Garganta empezó a investigar al ex directorio del IOMA a partir también de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió, en una causa en la que se cree que hubo pérdidas por $650 millones para la Provincia por fraudes reiterados cometidos entre 2013 y 2015.
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