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Mons. Mg. Alberto G. Bochatey (*)
El gran tema del aborto procurado despierta en nuestra sociedad mucha atención y preocupación. No sólo porque se trata de amparar con leyes o normas la posibilidad que un adulto (o más de uno) pueda terminar con la vida de un ser humano inocente y vulnerable, sino porque entraríamos en la dinámica de la ideología de muerte: resolver un problema de la sociedad y de la mujer por medio de la muerte de seres humanos. Ninguna solución es tal si para lograrla hay que eliminar, interrumpir o desconocer la vida de alguien.
Presentar la despenalización del aborto como un tema sanitario o principalmente sanitario es inexacto y tendencioso. Sin duda el aborto es un tema de salud, pero no sólo. La DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, proporciona cada año un Anuario de Estadísticas Vitales donde se consignan agrupadas, las muertes por “embarazo terminado en aborto”. En 2016 (última estadística publicada por el Ministerio) son 43 y provienen de 8 subcausas. Se podrá argumentar que los abortos son clandestinos por lo que se carece de estadísticas exactas. Es cierto. Pero no sucede lo mismo con las estadísticas de muertes, que tienen un muy bajo subregistro. La mayoría de las mujeres que mueren por alguna complicación de un aborto tecnicamente mal realizado concurre de urgencia, con sus sangrados y/o complicaciones varias, a una estructura sanitaria donde los profesionales registrarán la patología. Incluso las que no van o no llegan a ir, al morir, son enterradas. Nadie es enterrado/a sin un certificado de defunción firmado por un profesional de la salud dónde se explicita la causa de muerte.
Es cierto que una sola muerte por aborto tecnicamente mal realizado, es materia de preocupación y de cuidado. Pero se debe decir la verdad, especialmente cuando se quiere cambiar un principio jurídico fundamental para cualquier sociedad: en una sociedad de avanzada, nadie puede tener permiso para matar. La sociedad debe resolver sus problemas respetando la vida, con justicia, libertad y su vínculo constitutivo de verdad, especialmente en pleno ejercicio de la democracia.
Finalmente, el aborto no es un tema religioso: es un tema humano y antropológico. Como ciudadanos todos tenemos el derecho a expresar nuestros puntos de vista en la comunidad social y política que no puede discriminar ni descalificar a nadie, ni siquiera por su religión. El hecho de que un ciudadano argentino con una creencia religiosa exprese su opinión, no significa que la quiera imponer. Sería lo mismo que decir que quienes sostienen una postura contraria, quieren imponer la suya.
Como argentino y como cristiano (sí, claro) quisiera que mi querido país resuelva sus problemas al menos en espíritu hipocrático que la misma Convención de Ginebra conserva: “Mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción; no usaré mis conocimientos médicos en contra de las leyes de humanidad, incluso bajo amenaza.” Busquemos otra solución.
* Presidente, INIBIO; Vicecanciller de la UCALP
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