Imputan por lavado al ex funcionario macrista que tenía cuentas en Andorra

Una fiscal imputó por presunto lavado de activos a Valentín Díaz Gilligan, quien hasta la semana pasada se desempeñara como subsecretario general de Presidencia de Mauricio Macri y acusado de no declarar una cuenta bancaria en Andorra.

Según informaron ayer fuentes judiciales citadas por distintos medios, la fiscal federal Alejandra Mangano decidió imputar al ex funcionario y elevó el requerimiento de la instrucción de una causa al juez federal Claudio Bonadio.

La procuradora le solicitó al magistrado que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Díaz Gilligan ante ese organismo.

Díaz Gilligan renunció el pasado martes a su cargo luego de que el diario español El País revelara que el funcionario habría omitido declarar una cuenta con 1,2 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, cuya accionista es la mercantil panameña Nashville North Inc.

ASESOR

La cuenta fue abierta en 2012, cuando Díaz Gilligan, que figuraba ante el banco como representante de la empresa y accionista, era asesor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se mantuvo en la sociedad hasta 2014, cuando vendió su participación al ser nombrado director general de Turismo.

La denuncia contra Díaz Gilligan había sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que El País revelara que el funcionario argentino tenía en una cuenta en Andorra.

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El diputado kirchnerista también había solicitado que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta “omisión maliciosa” por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos.

“Díaz Gilligan, mínimamente, habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad”, sostuvo Tailhade en la denuncia.

PESQUISA

“Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País”, sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada por el diario español.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.

Tras el revuelo mediático, Díaz Gilligan se presentó la semana pasada ante la Oficina Anticorrupción para argumentar su versión de que no declaró la cuenta al estar saliendo de la empresa, una salida que estimó que “iba a ser inminente” y que se demoró por los trámites en Reino Unido.