El fútbol no debe ser el escenario para cometer delitos

Los datos conocidos en los últimos días acerca de la detección de una red de abuso sexual a jugadores de las divisiones inferiores del club Atlético Independiente, en una situación que podría extenderse hacia otros clubes, no sólo revelan la presencia de una aberración que provoca estupor y alarma, sino la necesidad de que las autoridades con incumbencia extremen esfuerzos para investigar a fondo la magnitud de este delito y sancionen a los culpables. A su vez, la sociedad debiera velar en defensa y por el mejor amparo de los niños y jóvenes, para que todos puedan disfrutar en plenitud de los derechos que los asisten y en cumplimiento del mandato constitucional.

Al mismo tiempo, es el fútbol institucionalizado el que debería adoptar medidas eficaces para desterrar de su seno toda alternativa que permita promover en sus estructuras la expansión del delito, tal como ha venido ocurriendo desde hace muchos años con la instalación del fenómeno de los barrabravas y de otras modalidades delictivas.

Como se sabe, en el caso de la red de abusadores, la investigación puesta en marcha por la UFI 4 de Avellaneda se tradujo ya en el allanamiento de propiedades en Buenos Aires, San Isidro, La Plata y otros distritos, en los que se presume que puede haber conexión con algunos de los acusados directos, buscándose asimismo secuestrar todo tipo de aparatos celulares, computadoras, pen-drive, documentación en soporte papel y todo material de interés vinculado al propósito de esclarecimiento.

Se conoce también que varios de los menores involucrados, en declaraciones formuladas en Cámara Gesell, confirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual a cambio de recibir pagos de entre 800 y 2.500 pesos y dieron detalles relacionados al tipo de encuentros que sostuvieron, aun cuando el secreto del sumario impide que se divulguen otras precisiones.

La fiscal interviniente explicó que la organización delictiva apuntaba a chicos que no tienen mucha contención y con necesidades económicas importantes, que en su mayoría vienen del interior.

Desde luego que el camino a recorrer por la Justicia en esta causa puede llegar a ser tan dificultoso como largo. Habrá que determinar si –pese a que no existieron castigos físicos, como aseguran los menores, ni drogas o alcohol como componentes del abuso- se presentaron o no otras formas de coerción. Por otra parte, será preciso también determinar en qué medida el contexto en el que viven estos menores abusados no pudo haber, supuestamente, ejercido influencias en su decisión de consentir las propuestas que les formularon los abusadores.

Se trata de una suma de factores que exceden lo meramente judicial y que incluyen circunstancias que hacen al medio familiar, a la capacidad de contención de las instituciones que los albergan, al nivel económico en el que estos jóvenes se desarrollan, al cumplimiento de los programas educativos y escolares, entre muchas otras circunstancias a tener en cuenta.

Sin perjuicio de reclamar que la Justicia esclarezca estos episodios tan penosos y haga caer sobre los responsables las condenas que la ley dispone, es verdad también que todo el universo del fútbol argentino –muy especialmente el que se corresponde con el manejo de las divisiones inferiores- se encuentra obligado a depurarse en profundidad, impidiendo a todo trance que este deporte tan popular sea utilizado como escenario para cometer delitos.