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Se trata de departamentos en La Plata, el centro porteño y distintos puntos del Conurbano, todos a nombre de Soeme
Con la sospecha de presuntas maniobras de destrucción de documentos, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó en el día de ayer una serie de allanamientos para profundizar la investigación sobre empleados y ex autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), cuyo titular, Marcelo Balcedo, permanece detenido junto a su esposa en Uruguay.
El operativo se puso en marcha a partir de las hipótesis que se manejan en la investigación de que se grupo de empleados y ex directivos de Soeme habrían participado, desde la detención de Balcedo y la intervención del gremio, en maniobras de destrucción de prueba y encubrimiento, informaron fuentes judiciales.
Los allanamientos se llevaron a cabo en tres domicilios de La Plata, donde se presentaron por la mañana efectivos de Gendarmería con la orden firmada por el magistrado federal.
Además, hubo operativos con participación de fuerzas federales en Adrogué, San Fransisco Solano, Palomas, Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los procedimientos se realizaron “por las escuchas en las que surge destrucción de prueba, como borrar información de computadoras”.
Es que en los seis teléfonos pertenecientes a una flota a nombre de Balcedo -que se habían escuchado por disposición judicial- se detectaron diversas maniobras que podrían indicar intentos por borrar pruebas y entorpecer la investigación, tanto antes como después de las detenciones.
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El Soeme fue intervenido a fines de enero último, y en febrero los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires nombraron a las personas que asumieron la intervención: Conrado Reinke, por parte de Nación, y Antonio Mazzeo, licenciado en administración de empresas y asesor de un organismo de la gestión provincial.
El ex secretario general del Soeme Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, están detenidos en Uruguay desde el 4 de enero pasado, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento del gremio, que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo de Kreplak.
El dirigente gremial fue capturado en una lujosa chacra en Piriápolis, Uruguay, con una importante cantidad de dinero en su poder, que rondaría el medio millón de dólares en efectivo, así como armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes, y hasta un zoológico personal.
Más tarde, se encontraron más de 7 millones de dólares en cajas de seguridad que el detenido sindicalista platense tenía en Punta del Este y Montevideo.
La semana pasada, Kreplak había dispuesto el secuestro de buena parte de la flota de vehículos a nombre de Soeme que venían siendo utilizados por los medios periodísticos propiedad e Balcedo y su familia como móviles.
En tanto, se espera que en los próximos días la Justicia uruguaya resuelva definitivamente sobre el pedido para que Balcedo sea extraditado a la Argentina que elevó el juez Kreplak a través de la Cancillería.
El mes pasado, la fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos de Montevdeo se manifestó a favor de la extradición, pero dijo que primero debe culminar el proceso que tanto Balcedo como Paola Fiege tienen abierto en Uruguay por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas.
La fiscalía rechazó el argumento de Balcedo y dijo que “en Argentina hay un Estado de Derecho “, y que “los acusados podrán defenderse” en su país.
Los entonces abogados defensores Alejandro Balbi y Víctor della Valle, que luego renunciaron a la defensa por “diferencias estratégicas” rechazaron la extradición y solicitaron prórroga de la audiencia en función de que uno de los testimonios solicitados por exhorto en la anterior audiencia que no fue diligenciado por la justicia argentina.
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