La posibilidad de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva pase en libertad una larga sentencia de cárcel es objeto de polémica en Brasil, por el riesgo de que asesinos y violadores se beneficien del mismo trato y que la operación anticorrupción Lava Jato pierda una de sus armas favoritas: encarcelar a los condenados en segunda instancia.
El Supremo Tribunal Federal prohibió el 22 de marzo detener a Luiz Inácio Lula de Silva al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude una sesión interrumpida a pedido de uno de sus once magistrados.
El tema en debate: decidir si el ex presidente de izquierda puede apelar en libertad ante las máximas cortes del país una sentencia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, ya confirmada por un tribunal de apelación.
Al día siguiente, el viernes 23, un fiscal de Brasilia pidió, y obtuvo, la liberación de un presunto ladrón de coches en detención provisoria, citando un “principio Lula”. Para el juez Sergio Moro, figura emblemática de Lava Jato un fallo favorable a Lula y una revisión eventual de la norma de 2016 “sería un desastre”. (AFP)
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