El asesinato del chofer de colectivo Leandro Alcaraz, el domingo pasado en La Matanza, generó una oleada de indignación popular y actualizó el debate acerca de las herramientas disponibles para aumentar la seguridad en el autotransporte. En este escenario, volvió a cobrar relevancia la ley provincial promulgada a inicios de 2016 que estableció la obligatoriedad de instalar videocámaras en todas las unidades; sin embargo, pasado más de un año de aquella decisión legislativa y ejecutiva, su pleno cumplimiento en el territorio bonaerense parece lejano; y en nuestra ciudad, remoto.
Sancionada en diciembre de 2016, la norma hace explícito que “las unidades de transporte colectivo de pasajeros, de jurisdicción provincial y municipal, que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires” deben contar con “cámaras de seguridad que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes”, por “exclusivo cargo y responsabilidad” de “las empresas concesionarias”.
La existencia de estos dispositivos debe informarse, asimismo, “mediante un cartel indicativo, de manera clara y permanente, tanto en el exterior como en el interior de cada unidad”.
En los albores del año pasado, se otorgó a las firmas un plazo que implicaba que las cámaras estarían montadas en su totalidad antes de las Fiestas; sin embargo, aquello estuvo muy lejos de ocurrir. Quejas de los empresarios por los costos, pedidos de subsidios y prórrogas mediante, todo se fue postergando para “más adelante”.
En nuestra ciudad, los cálculos más optimistas aluden a un veinte por ciento de coches con cámaras instaladas, y solamente entre las líneas que operan en jurisdicción provincial (202, 214, 215, 225, 273, 275, y 307); en las municipales (Norte, Sur, Este, Oeste, 506, 508, 518, 520 y 561), el porcentaje es ínfimo.
Desde la Comuna se aclara que “en el plano provincial, se está trabajando en un proceso para financiar las adquisiciones de los dispositivos, y desde el municipio se mantiene una mesa de trabajo junto a las empresas para acordar las condiciones en las que se confirmará la adhesión al sistema y su posterior implementación”.
Los voceros aclararon que “ya se realizaron instalaciones de cámaras en colectivos semi-rápidos, como pruebas iniciales para aceitar el funcionamiento de los sistemas”.
En una de las empresas locales que presta servicios de jurisdicción provincial, con más de 360 coches y tres líneas, se caracterizó a la ley como “positiva”, pero “con plazos cortos para hacer frente a un gasto de varios millones de pesos”. En ese sentido, se explicó que “equipar cada unidad toma tiempo y cuesta alrededor de 50 mil pesos, porque lleva más de una cámara; además, hay que retirarlas del servicio mientras se realizan las conexiones”.
La tecnología más ampliamente usada para vigilancia en medios de transporte incluye aparatos del tipo “domo”, que registran todo lo que ocurre dentro y en derredor de cada uno de los coches. En los micros de tres puertas, que en horas pico pueden llevar unos 70 u 80 pasajeros, se instalan tres o cuatro: en esta última opción, un domo es frontal, orientado hacia la vía pública a través del parabrisas; otro apunta al conductor y el estribo delantero; y otro se pega en cada una de las puertas de salida.
Estos dispositivos, que permanecen en stand-by cuando no hay pasajeros y se activan de manera automática cuando detectan movimiento en su campo focal, se abastecen de energía con las baterías de los automotores. Graban con calidad HD y ese material, que se guarda en un disco rígido interno que puede alcanzar los 120 gigabytes, puede ser bajado de manera física o inalámbrica.
Estos registros no sólo sirven para intentar identificar a los autores de un eventual hecho delictivo, sino que las empresas los usan para verificar situaciones que hayan provocado quejas de usuarios por deficiencias en el servicio, situaciones de inseguridad de diferentes grados -vividas por los choferes o el pasaje-, y siniestros viales. Lo que no se conserva, se borra cada siete días para renovar espacio en los servidores.
Al calor de la tragedia del domingo el gobierno bonaerense acaba de adelantar que otorgará créditos a los empresarios para que en 90 días instalen las cámaras de seguridad pendientes en los micros que realizan recorridos nocturnos, y en 180 días para la totalidad de las unidades que recorren el territorio bonaerense. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, explicó que este conjunto engloba a 5 mil unidades provinciales y 4 mil de jurisdicción municipal.
“Como el problema era el financiamiento, la gobernadora le pidió al presidente del Banco Provincia una línea de créditos con tasa baja y a cuatro años para que las instalen”, dijo Ritondo, quien agregó que la cámara “puede ser monitoreada por la empresa” aunque no descartó que también pueda tener conexión con los centros de monitoreo con que cuentan los municipios.
Además, el funcionario adelantó que una vez que los micros cuenten con las cámaras, su cartera les colocará sin costo alguno “botones antipánico vinculados con la policía, para que cuando se activen las fuerzas de seguridad sepan el lugar en el que se produce la emergencia”.
Ritondo formuló el anuncio luego de una reunión que mantuvo en nuestra ciudad con la gobernadora María Eugenia Vidal, las cámaras empresarias del transporte y la conducción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).
CHOFERES “BLINDADOS”
Un proyecto presentado por la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) impulsa la instalación de cabinas blindadas en todos las unidades de autotransporte colectivo de pasajeros, así como la incorporación de personal de seguridad en los recorridos nocturnos.
“El masivo paro de los choferes expresa una bronca generalizada por su absoluta desprotección ante el avance de la descomposición social, el paco y la delincuencia”, sostuvo Del Plá.
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