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El costo social del delito

El costo social del delito

Silvana Paz - Fundación Acción Restaurativa Argentina

22 de Abril de 2018 | 04:00
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Todo delito tiene un costo social, y es mayor cuando incluye a niños y a jóvenes. El delito en jóvenes ingresa por la vía de sus procesos de socialización y es el resultado de múltiples atravesamientos, inscripciones sociales, culturales, creencias, ideologías, valores que van ampliando su incidencia como una ola en las comunidades. Esta imagen desdibuja la idea de delito isla, de que es un problema de otro, para dar lugar a un análisis de la transgresión a las normas.

La mayoría de los jóvenes afectados por el delito son víctimas, no delincuentes. De ellos nos importa saber cómo interpretan lo que toman del medio que los rodea, ¿qué sucede entre él o ella y el medio?, pues es ahí donde se configuran sus legalidades, en esa influencia social adquirirá hábitos, darán sentido a sus actos y aceptarán valores que lo llevarán a realizar en su proceso de configuración a la adultez elecciones, primero en su cabeza y luego implicará su vida. Y estas matrices son las que van incidir en su apego o desapego por las normas, en su mayor o menor tolerancia al fracaso, y en su mayor o menor violencia, en su mayor o menor seguridad, por citar ejemplos.

Estas coordenadas nos llevan al plano en el que tenemos que operar para reducir las ocasiones en que un niño o adolescente tenga la mala oportunidad de caer en la tragedia que implica el delito juvenil por ser autor, cómplice, víctima circunstancial o ser usado de mula en el negocio de las drogas, por ejemplo.

La clave será superar el dilema de trabajar en una sola dimensión ante el delito aplicando sólo política criminal, porque el delito juvenil es un hecho social, que requiere fortalecer procesos sociales inclusivos. Para ello, nuestro Estado tiene obligaciones de gobernanza establecida en normas internacionales que incorporan el imperativo de la protección especial para la infancia y hasta los 18 años, junto a una justicia juvenil especializada, que además necesita desplegar una política que incorpore temas político criminales y sociales como la “re reiterancia” delictiva que afecta la seguridad pública.

 

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