Casación revisará el fallo que liberó a Cristóbal López

La Cámara Federal de Casación revisará el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa y atenuó la acusación contra los empresarios en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera “Oil Combustibles”, revelaron ayer fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país tendrá además que analizar el pedido para detener al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, hecho por el fiscal Germán Moldes, al ser concedida ayer la apelación que presentó este funcionario, según la resolución difundida a la prensa.

Los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia declararon “admisibles” las apelaciones contra el fallo que dictaron el 16 de marzo pasado para revocar las prisiones preventivas de López y De Sousa, cambiar la calificación del delito que se les achacaba y disminuir el monto de los embargos impuestos.

“Considero que en este caso particular, los mismos deben concederse, teniendo en cuenta que la decisión recurrida resulta por sus efectos equiparable a definitiva”, afirmó en su voto el camarista Bruglia.

El juez estimó que “el cambio de calificación” (resuelto por sus colegas Ballestero y Farah) “podría acarrear en la especie -y entiendo que existe una alta probabilidad de que así suceda- la extinción de la pretensión punitiva”, y “frustar” la expectativa de una eventual condena penal.

Ese fallo será ahora revisado por la sala uno de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.

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En su apelación, el fiscal Moldes pidió que López, De Sousa y Echegaray vayan a prisión, que la causa vuelva a caratularse como “defraudación por adminstración fraudulenta”, y que se anule la disminución del embargo dictado contra los acusados.

El planteo del fiscal buscó reconstruir la lógica de la acusación original que viene investigando el juez Ercolini, según la cual el organizador de la maniobra fraudulenta fue Echegaray, quien tenía la responsabilidad de cobrar el impuesto adeudado, y de hacer cumplir el medio centenar de planes especiales de pago que él decidió brindarle a Oil y que la petrolera tampoco pagó. López y De Sousa, entonces, serían partícipes de ese fraude, agravado por cometerse contra la administración pública. Al invertir las responsabilidades, la Cámara Federal alivió la situación de Echegaray y puso a los empresarios como protagonistas de un simple caso de evasión.

La AFIP cuestionó el cambio de carátula porque podría derivar en la extinción del delito si se paga la deuda, calculada actualmente en 17.000 millones de pesos.

En un voto dividido, Ballestero y Eduardo Farah -con disidencia de Bruglia- confirmaron parcialmente los procesamientos de los tres acusados, pero cambiaron la acusación a “apropiación indebida de tributos”, y revocaron las prisiones preventivas de López y De Sousa.

Ballestero y Farah son investigados en el Consejo de la Magistratura, a raíz de una denuncia en su contra presentada luego de firmar el fallo que liberó a los empresarios el pasado mes de marzo.