Además de la causa por el tríplex en Guarujá (que recibió de la constructora OAS), Lula está imputado en otros seis casos y es investigado en dos más, en su mayoría por corrupción y vinculados a la estatal Petrobras.
Causas que tramitan en el juzgado de Sergio Moro (Curitiba)
1. Acusado de corrupción y lavado de dinero por las obras que constructoras favorecidas en contratos de Petrobras hicieron en una casa de campo frecuentada por la familia de Lula en la ciudad de Atibaia.
2. Imputado de haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de San Pablo en el que se edificó la sede del Instituto Lula.
Causas que tramitan en el juzgado décimo federal de Brasilia
3. Lula está acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un ex alto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo de sobornos, para que no lo implicó en el entramado de corrupción.
4. El ex mandatario está imputado por supuestamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
5. Lula está acusado de recibir sobornos, mediante un contrato supuestamente ficticio por 2,5 millones de reales (unos 757.000 dólares) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos.
6. Imputado por supuestamente haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un multimillonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.
Denuncias bajo investigación de la Fiscalía
1. Acusado de liderar una “organización criminal” montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos.
2. Acusado de obstrucción a la Justicia por la supuesta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara como ministro de la Presidencia (jefe de gabinete) en un intento de obtener fueros y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.
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