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El defensor de los imputados, por su parte, presentó un pedido de juicio político contra el juez de la causa
La Justicia riojana confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de los ocho policías acusados de la muerte del cadete Emanuel Garay y las lesiones gravísimas a otros 15 aspirantes, ocurridas en febrero durante un entrenamiento en la Escuela de la fuerza, informaron fuentes judiciales.
Por su parte, el defensor de varios de los imputados presentó casi en paralelo un pedido de juicio político contra el juez de la causa, Mario Martínez.
Según las fuentes, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrada únicamente por la magistrada Sara López Douglas, resolvió que los ocho policías, entre ellos comisarios y oficiales, sigan presos por el "homicidio calificado" de Garay, 15 casos de "lesiones gravísimas calificadas" y "violación a los deberes de funcionario público por ejercicio abusivo de la autoridad".
Esta medida recayó sobre los imputados Dardo Gordillo, Ramón Leguiza, Jorge Leguiza, Adriana Rodríguez, Nadia Bravo, Elio Marcial, Ivana Luna y Marcos Miranda, a quienes se les dictó la prisión preventiva en marzo pasado.
"No se advierte de parte del magistrado instructor (por Martínez) una violación a la garantía del debido proceso y a la defensa en juicio, como así también en relación a la apelación de la prisión preventiva, ya que no es materia del recurso de apelación en esta instancia el pedido formulado por ser parte de los instrumentos que el código de procedimientos prevé a tal fin", sostuvo la jueza.
López Douglas consideró que esta etapa procesal "es meramente preparatoria, siendo que allí no se juzga definitivamente a nadie; sólo es necesario un formal y serio grado de probabilidad respecto a la participación de los imputados como supuestos autores de la producción del hecho objeto de este proceso".
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Para la jueza, los argumentos presentados en el recurso de apelación de los defensores particulares Raúl Vidable y Enrique Leiva contra el fallo del magistrado Martínez "son de carácter genéricos y no son adecuados".
En tanto, el abogado Vidable se presentó hoy en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político de Martínez y adelantó que en los próximos días realizará una denuncia penal por el "abuso que cometió al dictar la prisión preventiva" de sus defendidos.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en dos informes que no puede hacerse abuso de esta medida porque estaría emitiendo una condena de manera anticipada", argumentó el letrado.
Vidable dijo a Télam que con esta medida, el juez Martínez "está privando ilegítimamente de la libertad" a los acusados y para él esto "es constitutivo de los delitos de retardo de justicia y de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El abogado también se quejó de que los estudios médicos de todos los aspirantes a la Escuela de Policía que había solicitado la defensa recién fueron entregados "estos días por el propio ministro de Gobierno, Alejandro Moriconi, después de casi dos meses" pero que no tienen "copias" de los mismos ni "los legajos personales" de cada uno de los cadetes.
"Esto es importante porque queremos determinar si estos jóvenes estaban aptos o no para ingresar a la Escuela de Policía y también queremos determinar la edad de algunos, entre ellos Emanuel Garay, porque el reglamento interno indica que no podían ingresar con menos de veintiún años, después se bajó a veinte y él tenía dieciocho".
El abogado también explicó que va a presentar un escrito ante el juez en contra de la decisión de "archivar las actuaciones contra al ex jefe de Policía, Luis Páez; el ex secretario de Seguridad, Luis Angulo; de quien estaba en forma provisoria al frente del ministerio de Gobierno, Juan Luna; y del ex ministro de Gobierno y actual diputado provincial Claudio Saul".
Por último, Vidable señaló que, además, solicitaron que se cite a declarar a "nuevos testigos" y que se incorpore "toda la documentación restante para que la investigación continúe".
Garay murió el 10 de febrero último tras permanecer seis días internado luego del entrenamiento de ingreso a la Escuela y, según los forenses, falleció a raíz de un cuadro de "deshidratación aguda grave e insuficiencia renal" que le provocó una "falla multiorgánica".
A raíz de este hecho, el gobernador riojano Sergio Casas dispuso que la Escuela de Policía pase a depender del Ministerio de Educación, mientras que fueron removidos de sus respectivos cargos el entonces secretario Angulo y el jefe de la fuerza Páez.
A su vez, familiares y amigos de Garay y de otros cadetes lesionados realizaron varias marchas en reclamo de justicia y denunciaron maltratos en los entrenamientos durante el ingreso a la Policía.
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