Días atrás, como anticipó este diario, la Defensoría del Pueblo bonaerense intimó a las empresas distribuidoras de gas natural que prestan servicio en la Provincia a que se abstengan de interrumpir el servicio por falta de pago. Al respecto, el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del Pueblo provincial, Diego Beghelini, enfatizó ayer en diálogo con EL DIA que uno de los objetivos es que las empresas deben “garantizar un servicio mínimo” a los usuarios residenciales.

“Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen”, había dicho, al respecto, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El organismo definió el consumo mínimo en dos bloques de tarifa social, beneficio económico que de todas formas criticó por exiguo, sobre todo luego de las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional.

“Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, puntualizaron desde el organismo.

Beghelini sostuvo que esta intimación de la Defensoría “debe ser tenida en cuenta” por las empresas, porque el organismo, de no cumplirse, “cuenta con mecanismos para accionar legalmente”.

Por otro lado, señalaron que otro aspecto que debería discutirse es el precio del gas en boca de pozo, debido al impacto en las facturas del servicio.