La Justicia penal platense ordenó ayer una serie de allanamientos en oficinas y domicilios del Conurbano en el marco de una causa que investiga si se realizaron maniobras irregulares para la emisión de certificados médicos que respaldaban licencias de docentes y auxiliares docentes de la Provincia.
Los allanamientos fueron requeridos por el fiscal penal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta y se realizaron en la delegación del gremio UPCN del distrito de José C. Paz y en otro domicilio del mismo municipio.
En ese marco, se secuestraron teléfonos celulares, sellos de profesionales médicos, recetarios, formularios, y constancias de trámites con distintas firmas.
En la causa se investiga si un grupo de personas emitían desde esa delegación gremial certificados médicos “truchos” para que docentes y auxiliares que prestan servicios en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia puedan tomar licencias.
Según se sospecha, de la maniobra habrían formado parte unos 120 agentes. En el centro de la investigación están 220 licencias irregulares que, se estima, habrían causado un perjuicio patrimonial a la Administración Pública bonaerense por unos 3 millones de pesos por mes, en total 36 millones de pesos al año.
Según surge del expediente, en esa sede del gremio UPCN se vendían certificados truchos, en una maniobra que se habría extendido desde el 5 de febrero de 2018 hasta una fecha incierta del año pasado.
“En la sede del gremio UPCN de José C. Paz en forma onerosa se expidieron certificados médicos los cuales fueron firmados por sujetos indeterminados, utilizando sellos de distintos profesionales habilitados para tal fin presuntamente falsos y con patologías inexistentes”, se señala en el expediente.
Mediante esos certificados “distintos agentes (docentes y auxiliares) que prestan servicios en la Dirección General de Educación de la Provincia solicitaron al menos 200 licencias médicas, generando así un perjuicio patrimonial a la Administración Pública provincial, que abonó dichas licencias además de verse obligada a designar agentes suplentes, con su consecuente erogación patrimonial”, se agrega.
La investigación se inició a partir de denuncias, informes médicos que corroboraron que los agentes no padecían esas patologías y testimonios de docentes que dicen haber pagado por esos certificados truchos.
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