La UIF pidió 6 años de prisión para Boudou

La Unidad de Información Financiera (UIF), en su alegato como parte querellante en el juicio por la compra de la ex imprenta Ciccone, solicitó la pena máxima para los delitos que le imputaban ex vicepresidente Amado Boudou: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más una multa de 90.000 pesos.

En la jornada anterior, la Oficina Anticorrupción (OA), también como querellante, solicitó una pena de cinco años y medio de cárcel y también inhabilitación perpetua para el ex funcionario kirchnerista.

Para la UIF, el Estado buscó dar un “marco de impunidad” a la venta irregular de la empresa privada que fabricaba billetes. Apuntó a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, “se interesaron en el negocio” para que la imprenta termine siendo contratada por el Estado. En esa línea, los abogados del organismo creen que el ex vicepresidente “está al tanto de todo lo que se hizo y usó su cargo para ello y torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses”.

LOS OTROS IMPUTADOS

En relación a Núñez Carmona -que ya estuvo preso con Boudou- la UIF pidió cinco años y ocho meses de prisión más una multa de 90.000 pesos, al igual que para Nicolás Ciccone. En cambio para Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcierie, solicitó una pena de tres años de cárcel más la inhabilitación perpetua. Para el arrepentido Alejandro Vandenbroele reclamó un solo año de prisión.

Ciccone Calcográfica fue declarada en quiebra en julio de 2010, a petición del Fisco, por deudas impositivas, pero la Justicia la levantó tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund.

En la etapa de instrucción se llegó a la conclusión, a cargo del juez Ariel Lijo, de que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70 % de la empresa a cambio de la realización de los actos para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración pública.