El ajuste pegará fuerte en las provincias

El ajuste fiscal al que se comprometió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de casi el doble del que se había anunciado inicialmente, según se conoció, pese a que la letra chica del acuerdo aún no se ha difundido. Así, se espera que haya recortes en salarios públicos, subsidios, obras públicas y en los giros a las provincias y a los municipios.

La poda del gasto comprometido por la gestión de Mauricio Macri ante el Fondo es de U$S 19.300 millones y se realizará entre julio de este año y diciembre de 2020.

Esto significa unos U$S 9.000 millones de dólares más que lo previsto antes de negociar con el FMI.

Al tipo de cambio actual, se trata de un recorte de recursos de 501.800 millones de pesos, que irá aumentando nominalmente a medida que la moneda nacional se devalúe.

Según un relevamiento del Banco Central, el dólar llegará a 31,80 pesos en diciembre de 2019.

Según las proyecciones del ministerio de Hacienda, la mitad del recorte del gasto primario (sin contar los intereses de deuda) ocurrirá entre julio de 2018 y todo 2019, un año marcado por las elecciones presidenciales y las de 22 gobernadores, con especial impacto en las administraciones provinciales.

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UN GIRO NOTABLE

Esto significa que a partir de ahora se alterará el creciente desembolso que se venía realizando a favor de las administraciones subnacionales.

De acuerdo a los datos del mes de mayo, el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales alcanzó los $95.919 millones, presentando un crecimiento del 52% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior, destaca un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según el informe, este año, la coparticipación contiene un envío por compensación a las provincias en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSeS, de acuerdo al Consenso fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional. En el mes de mayo la compensación enviada a las provincias fue de $1.533 millones.

Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes de mayo registró un incremento de 19,5% en términos reales.

Analizando los valores correspondientes a los primeros cinco meses del año, se aprecia que el consolidado provincial recibió $394.964 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales.

Dentro de estos envíos se encuentra la compensación fruto del consenso fiscal, que se ubicó en $6.516 millones.

El crecimiento registrado durante los cinco primeros meses del año fue de 44,8% en términos nominales y 15% en términos reales.

Resulta interesante centrar el análisis por provincia, sobre todo dado los cambios establecidos en el aludido consenso fiscal.

De acuerdo al crecimiento que mostraron los envíos en el mes de mayo, se aprecia que Buenos Aires es la provincia que evidenció un incremento más alto, seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el caso de Buenos Aires los envíos nacionales aumentaron 70,4% interanual.

En tanto, la jurisdicción de CABA mostró un crecimiento de 62,3%.

El hecho de que el crecimiento de CABA sea superior al resto de las provincias podría tener explicación en la reducción de su coeficiente de coparticipación (de 3,75% a 3,5%), ya que esta caída podría ser insuficiente para compensar el beneficio de esta jurisdicción derivado de los cambios en el impuesto al cheque y ganancias,

Resulta útil analizar el comportamiento de los envíos de coparticipación a provincias acumulado a mayo, una vez que se han “regularizado” las situaciones de las distintas jurisdicciones en lo que hace a la aprobación legislativa del consenso firmado por los ejecutivos.

El mismo y permite tener una mejor referencia de lo que se observará en el año en materia de envíos a provincias.

En los primeros cinco meses pueden apreciarse que Buenos Aires y CABA encabezan el ranking de provincias con mayor crecimiento interanual (57,6% y 52% respectivamente), seguidas

por un grupo de provincias que vieron crecer estos recursos por entre el 43% y el 41% mientras que otro grupo de jurisdicciones vieron tasas inferiores al 40%, con el caso de

San Luis como extremo inferior con un crecimiento del 35,2%.

IMPUESTOS

La recaudación de impuestos coparticipables creció en el andarivel del 38,9% en el acumulado al mes de mayo, a una menor velocidad que los envíos a provincias (44,8% interanual).

Por varias razones (restituciones de la precoparticipación, consenso fiscal y compensaciones) el consolidado de provincias y CABA vio aumentar su participación en los recursos que se recaudan a nivel nacional

en concepto de impuestos internos coparticipables.

En el acumulado a mayo de 2017 el nivel subnacional obtuvo el 51,7% de los impuestos recaudados internamente, mientras que en el los primeros cinco meses del corriente año la coparticipación aumentó hasta el 55,8%.

El mismo comportamiento se manifiesta si se tiene en cuenta la distribución del total de la recaudación nacional (es decir, incluyendo también los impuestos no coparticipables).

Considerando todos los envíos automáticos que se realizan a las provincias (Coparticipación, Compensación y Fondo Federal Solidario), en el acumulado al mes de mayo, éstas tuvieron una participación del 31,5%, superior a la del mismo periodo del año anterior (27,7%)

LO QUE SE VIENE

Lo cierto es que ahora, la poda que planifica el Ejecutivo nacional pegará fuerte en las provincias. Se estima que habrá una baja real del 74% en las transferencias corrientes a las provincias. Son los fondos que la Nación envía a los gobernadores y a los intendentes por fuera de la Coparticipación Federal de Ingresos Públicos.

Esa poda será de unos $133.400 millones que la Nación dejará de enviar a las 23 provincias y a la capital federal. La disminución se irá aplicando progresivamente entre el mes próximo y diciembre de 2020.

Los gastos de capital bajarán 81% en el período comprometido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. No paralizará la obra pública, pero la golpeará con dureza, debido a una reducción estimada en unos $70.000 millones.