Los golpes y pedradas recibidos por alumnos del Colegio Centenario de nuestra ciudad, agredidos en plaza Paso por un grupo de adolescentes aún no identificados, cuando salían de la clase de educación física y regresaban a la sede escolar, situada en pleno centro, a metros del edificio central de Tribunales, conforman un incidente callejero que las autoridades deben esclarecer con prontitud.
Se trata de otro hecho de violencia que, en este caso, tiene como protagonistas visibles y pasivos a jóvenes estudiantes que fueron atacados, en apariencia sin motivos y que, afortunadamente, no recibieron heridas de consideración, aún cuando uno de los chicos fue golpeado en su cabeza con una baldosa que le arrojaron, sin resultar lesionado por cuanto lo protegió la capucha del buzo que llevaba puesto.
El episodio –que dio pase a una suerte de fugaz combate desigual, pues los atacantes duplicaban número a los agredidos y en el que no se planteó el móvil de ningún otro delito como motivo de la agresión- tiene antecedentes cercanos en este ciclo lectivo, con alumnos de la misma institución que ya habían sufrido robos en circunstancias similares. Lo mismo, afectó este año a estudiantes del Colegio Misericordia, situado a pocas cuadras.
Asimismo, entre los familiares de los chicos se mencionó la posibilidad de que pudieran ser alumnos de otra escuela de la zona. Desde Educación se aclaró que no hay información que le permita a los directivos y supervisores vincular el caso con alumnos de otras instituciones. Ni en este episodio, ni en tensiones que motivaran un enfrentamiento “de colegios” al estilo de las rivalidades que promueven actos de violencia.
Para muchas otras situaciones, se ha dicho ya en esta columna que se advierte un alarmante avance de la violencia juvenil.
La sucesión de casos similares –entre los que menudean altercados, reyertas, incidentes de diversa índole- autoriza a encender luces de alarma a partir de una verdadera patología difusa, que amenaza cada vez más la convivencia juvenil. También se ha advertido sobre la gravedad que ha alcanzado el problema y acerca de la falta de estrategia que exhiben en esta materia las autoridades educativas.
Desde el organismo educativo provincial se ha enfatizado en que esta compleja situación forma parte de un fenómeno social, que excede a las instituciones educativas.
Es cierto, aún cuando tampoco el área educativa puede desentenderse de una realidad que la afecta en forma tan directa.
En cuanto a la presencia de patotas en las plazas y en la vía pública es, desde luego, la fuerza policial la que debe actuar para terminar con este tipo de violencia callejera. La Ciudad viene sufriendo desde hace mucho el accionar delictivo de jóvenes, sin que la policía demuestre eficacia para prevenir y erradicar a este flagelo.
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