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Tras el resultado de la segunda vuelta, son varios los desafíos históricos que hereda el sucesor de Juan Manuel Santos como presidente de la cuarta economía latinoamericana.
La paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), la guerrilla más poderosa del continente, es uno de esos retos. A fines de 2016, Colombia puso fin a un conflicto armado de medio siglo con las FARC. El gobierno de Santos firmó un acuerdo que el año pasado desarmó y transformó en partido a los rebeldes comunistas.
Cerca de 7.000 combatientes depusieron las armas y el país sudamericano, profundamente dividido por el proceso con la guerrilla, se encaminó hacia el fin del último enfrentamiento interno de América.
Pero el pacto, celebrado por buena parte del mundo, se encuentra en su peor momento, según alertan los ex guerrilleros, que denuncian incumplimientos estatales. El acuerdo prevé reformas políticas, agrarias, un sistema judicial para juzgar a los combatientes y reparación a las víctimas, pero para las FARC lo convenido avanza a paso lento.
El conservador Iván Duque se comprometió a modificar un pacto que busca superar enfrentamientos que en más de cinco décadas han dejado unas ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Santos, que abandonará el poder en agosto tras ocho años de gestión, también le heredará a su sucesor unas complejas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, marxista), reconocida como la última guerrilla del país.
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Otro tema caliente a resolver es el de la coca. Colombia es el primer productor mundial de hojas de coca, materia prima de la cocaína, y el mayor productor de esa droga, según la ONU.
El país está “inundado en coca, sobre todo en las zonas fronterizas”, alertó recientemente el procurador general colombiano Fernando Carrillo, encargado de vigilar y castigar a funcionarios públicos.
El presidente norteamericano Donald Trump amenazó en 2017 con sacar la certificación al país en su compromiso antidrogas, poniendo en riesgo la millonaria ayuda estadounidense que recibe desde hace casi dos décadas para enfrentar el problema. El gobierno colombiano espera erradicar por la fuerza 65.000 hectáreas este año, que se suman a 52.000 en 2017.
Tras su desarme, las FARC se comprometieron a combatir el narcotráfico, que fue durante décadas fuente de financiación de su lucha armada. Pero las zonas cocaleras donde tenía presencia activa la otrora guerrilla comunista han sido copadas por el ELN, disidentes de FARC y narcotraficantes.
Un tercer problema a enfrentar es el bajo ritmo de crecimiento. Por la lenta recuperación de los precios del petróleo y el aumento de impuestos, la cuarta economía de América Latina registró en 2017 su peor crecimiento en casi una década (+1,8%).
Desde la llegada de Santos a la presidencia en 2010, el país registró un crecimiento promedio de 3,85%.
Santos deja un déficit fiscal de 3,6% del PBI, una tasa anual de desempleo de 9,4% y una inflación de 4,1%.
Además de enfrentar adversidades propias de un Estado social de Derecho, como el costo del sistema de jubilaciones y pensiones o el sistema de salud, el gobierno deberá costear la implementación del pacto con las FARC, calculado en 44.000 millones de dólares en los próximos 15 años.
Además de los anteriores, Colombia se enfrenta también a un desafío desconocido: la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis política y económica de su país. Más de un millón de personas han migrado a Colombia desde Venezuela en los últimos 16 meses, y la mayoría de ellos pretende quedarse. (AFP)
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