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MADRID
Por JORGE ELÍAS
@JorgeEliasInter
Todo apunta a desalentar la inmigración. Si el gobierno de Donald Trump no tiene empacho en separar a padres e hijos cuando cruzan ilegalmente la frontera de México a Estados Unidos, el de Italia no distingue entre italianos y gitanos. Como si los gitanos, en su mayoría rumanos, no fueran europeos. ¿Qué se propone el vicepresidente Matteo Salvini, también ministro del Interior? Hacer un censo de los gitanos de la etnia sinti y echar a aquellos que sean irregulares. “A los que sean italianos, por desgracia, nos los tendremos que quedar”, se excusó, resignado, como si fuera el dueño del país.
Xenofobia, segunda parte, después de la odisea de las 629 personas que iban a bordo del barco Aquarius. Entre ellos, 11 niños pequeños, 123 no acompañados, más de 80 mujeres y siete embarazadas. Huían de la violencia extrema en Libia. El nuevo gobierno de Italia, regido por la xenófoba Liga de Salvini y por el Movimiento 5 Estrellas, sentó un precedente vergonzoso. Les cerró sus puertos, al igual que el de Malta. Arribaron a Valencia con la venia de otro gobierno nuevo. El de España, de Pedro Sánchez. En el rescate, uno de los botes de goma se averió. Cuarenta personas pudieron haberse ahogado. Las asistió la Guardia Costera Italiana sin llevarlos a tierra firme.
El caso Aquarius, lejos de abochornar al Consejo Europeo por la insensibilidad de sus miembros, ha derivado en la eventual creación de un campo de refugiados fuera del territorio europeo. En el norte de África o en los Balcanes, como pretendió hacerse desde 2016 en Turquía. La idea cobra fuerza. Es una forma de transparentar el rechazo a los extranjeros en apuros. De frenar los incentivos. El gobierno de Giuseppe Conte, manejado por Salvini, puntal de la Liga, está de acuerdo, así como la canciller alemana, Angela Merkel, cuyos aliados bávaros, empezando por su ministro del Interior, Horst Seehofer, le han dado un ultimátum respecto de la inmigración.
Los gitanos, como los judíos, padecieron los campos de concentración durante el Holocausto. Debían ser eliminados, según los decretos del oficial nazi Heinrich Himmler de 1942 y de 1943. En Italia, apunta Leonardo Piasere en su libro “Antigitanismo” (Voria Stefanovsky Editores), “a veces son vistos como un único bloque” en el cual prevalecen los prejuicios y los estereotipos. “Quien odia a un grupo humano cree en realidad hacerlo por amor al conjunto de la sociedad que debe ser protegida, o por amor a los individuos del propio grupo odiado, considerados descarriados”, agrega. Se trata, en el caso de Italia, de 26.000 gitanos de las etnias sinti y rom que viven en condiciones precarias.
“Los gitanos, como los judíos, padecieron los campos de concentración durante el Holocausto”
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En 2018, Salvini y compañía quieren reflotar la primera pragmática antigitana. Data de 1499. Entonces, los Reyes Católicos, no conformes con haber fundado la Inquisición, ordenaron que los gitanos tomaran “asiento en los lugares y sirvan a señores que les den lo que hubiere menester y no vaguen juntos por los reinos; o que, al cabo de 70 días, salgan de España, so pena de 100 azotes y destierro la primera vez, y que les corten las orejas y los tornen a desterrar la segunda vez que fueren hallados”. Luego, con la Real Cédula de 1619, de Felipe III, iban a restringirles la cultura, la lengua y el traje. Más severo aún Felipe IV permitió en 1633 “cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego”.
En España, como en otros países, no existen leyes discriminatorias contra los gitanos, pero, observa Piasere, “el miedo de un no gitano hacia un gitano puede ser mucho más potente que el de un gitano respecto de un no gitano: un no gitano tiene el poder de llamar a la policía para alejar al gitano, por ejemplo, de un lugar público, mientras lo contrario es del orden de la irrealidad”. De eso se aprovecha Salvini, confiado en expulsar a los inmigrantes y en realizar una limpieza étnica que el primer ministro Silvio Berlusconi prometió en 2008 y el presidente francés Nicolas Sarkozy ejecutó dos años después con la excusa del alza de la criminalidad. Una forma de apaciguar los reclamos de los sindicatos por el desempleo, como si los extranjeros, los gitanos y otras minorías fueran sus causantes.
(Télam)
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