Despenalización del aborto: adelantaron un boceto del proyecto que se va a debatir

El plenario de comisiones en el que se debate el proyecto de despenalización del aborto comenzó ayer a analizar las modificaciones al dictamen que los legisladores aspiran a firmar el próximo martes para debatirlo en el recinto un día después. En ese contexto, un borrador del texto dado a conocer por diputados que promueven la despenalización contempla la objeción de conciencia sólo para los médicos, obliga a los hospitales, prepagas y obras sociales a realizar esta práctica médica, y reforma el artículo que permitía a los adolescentes realizar la interrupción del embarazo sin la autorización de un adulto.

De acuerdo con la versión preliminar que se dio a conocer, el proyecto a tratarse en la Cámara de Diputados establecería el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y contemplaría la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo manifiesten de manera previa a incorporarse a la institución médica, aunque señala que esta concesión no podría ser ejercida por la entidad sanitaria.

El borrador menciona también que cada establecimiento de salud debería llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

Como se establece en la versión preliminar del dictamen, una vez cumplido el plazo de 14 semanas de embarazo sólo podría accederse a un aborto voluntario en ciertas situaciones excepcionales. Entre estas se enumeran el hecho de que el embarazo fuera producto de una violación, que estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer y que se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

En el caso de las adolescentes menores a 16 años, el borrador señala que se aplicaría lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que sólo habilita a realizar tratamientos “no invasivos” cuando no existe el consentimiento de un adulto a cargo.

El borrador menciona también que la mujer podría acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento; que los establecimientos de salud deberán garantizar a las mujeres información adecuada y la atención médica, social y psicológica en forma previa al aborto; que la práctica médica deberá ser contemplada por las obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de la justicia, el PAMI y las prepagas; y que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrían la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, así como de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

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