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Se trata de un chico de sexto año y dos de quinto. Les aplicaron 25 amonestaciones, con lo que no podrán concurrir a clases pero sí rendir las materias. La UNLP había aconsejado expulsarlos. Los alumnos protestaron por la medida. Ayer hubo más intimidaciones
La “epidemia” de amenazas de bomba que padecen las escuelas de la Región sumó en las últimas horas un episodio tan inédito como, para algunos, controvertido: en el colegio Liceo Víctor Mercante a tres alumnos que reconocieron haber realizado llamados intimidatorios las autoridades del establecimiento resolvieron aplicarles 25 amonestaciones, dejándolos libres, pese a que desde el área legal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se había recomendado expulsarlos en función de la gravedad de los hechos.
La sanción impuesta en la institución de diagonal 77 entre 4 y 5 -inusual en escuelas de la Región pese a la saga interminable de falsas denuncias- generó revuelo y cierta polémica. Hubo quienes consideraron que debía aplicarse una sanción “ejemplificadora” y directamente echar a los alumnos implicados -como se dijo, esa fue la sugerencia de la UNLP, bajo cuya órbita está el Liceo-. Otros, sobre todo compañeros del colegio, estimaron que el castigo fue excesivo e incluso hicieron una sentada en protesta por la medida adoptada.
Al igual que en incontables establecimientos educativos de la Región, en los últimos días en el Liceo habían recibido al menos cuatro llamados alertando sobre presuntas artefactos explosivos. Como suele ocurrir, en todos los casos se trató de falsas alarmas, pero por protocolo fue necesario evacuar la escuela para hacer las inspecciones de rigor.
Como las autoridades radicaron denuncias penales por esos episodios, la Justicia platense abrió distintos expedientes para dar con los autores de los llamados. Así las cosas días atrás, después de realizar entrecruzamientos telefónicos, los investigadores a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, de la UFI 15, allanaron tres viviendas en las que dieron con dos sospechosos, entre ellos, un adolescente de 17 años, alumno del Liceo y acusado por las amenazas.
El secretario de Asuntos Jurídicos y Legales de la UNLP, Julio Mazzotta, explicó a EL DIA que frente a este panorama otros dos alumnos confesaron haber realizado también amenazas. “Supongo que ante la inminencia del proceso judicial decidieron confesar”, comentó.
“No es que llamaron y se presentaron a los veinte minutos de haber hecho las amenazas mostrándose arrepentidos”, aclaró el asesor letrado de la UNLP. “Se presentaron cuando, a través del otro caso, vieron que ya se habían efectuado allanamientos”, aclaró, con lo que, es de suponer, las causas avanzaban y podían ser descubiertos de un momento a otro.
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Sobre la sanción impuesta a los alumnos -uno del último año y dos de quinto- explicó que fue analizada en conjunto entre la UNLP y el colegio, aunque finalmente las autoridades del Liceo se decantaron por una “sanción intermedia”.
Mazotta aclaró que los adolescentes no fueron expulsados del establecimiento educativo, sino que les pusieron 25 amonestaciones para que lleguen al límite, por lo que quedaron en la condición de “libres”. Eso significa que no podrán concurrir a clases, y deberán rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo.
El secretario de Asuntos Jurídicos señaló que “mi opinión ante las autoridades del colegio fue que había que imponerles la sanción más severa y más grave, que era la expulsión”. Sin embargo, dijo, en el colegio entendieron “que era mejor aplicar una sanción de tipo intermedio y que esa sanción era aplicarles el límite máximo de amonestaciones con lo cual los alumnos quedan libres”, comentó.
De esta forma “los alumnos quedan libres y podrán rendir como libres las materias, pero no van a poder asistir a clases. Si lo requieren el colegio les va a brindar material para rendir o apoyo psicológico y pedagógico, pero no pueden asistir al colegio”, comentó.
Desde la UNLP deslizaron que, entre las sanciones existe incluso la posibilidad de la expulsión, no sólo del preescolar universitario sino de la UNLP, “que es una situación mucho más grave”, porque incluye también a las facultades, pero “eso no se aplicó”, aclararon.
En materia disciplinaria, los alumnos que concurren a los colegios universitarios están sometidos al Régimen Disciplinario para Alumnos de la UNLP, ordenanza 187/87, que contempla las siguientes sanciones: apercibimiento; suspensión de hasta cinco años y expulsión. “Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, su reiteración , los antecedentes del alumno y, en su caso los perjuicios causados”, se aclara en el régimen.
Sobre la medida adoptada, Mazzotta consideró que “tenía que aplicarse una sanción ejemplificadora”, y resaltó que “la falta es sumamente grave, porque nosotros durante cuatro días sacamos a 450 chicos desde el Liceo y los llevamos al Patio del Rectorado. Los hicimos caminar por pleno centro, en hora pico, donde puede pasar cualquier accidente o cualquier otra cosa. Y los responsables de los chicos, porque están en horario de clases, somos nosotros, la Universidad”, enfatizó el funcionario.
Asimismo, el asesor letrado reconoció que “no sabemos si con esto se va terminar, pero tenemos que hacer algo, La Plata está llena de amenazas de bomba”.
La situación convulsionó a la comunidad educativa del Liceo. Tanto que un grupo de estudiantes realizó ayer a la mañana una sentada y, según trascendió, las autoridades estuvieron reunidas con los alumnos tratando el tema.
Previamente, en las redes sociales circuló un texto en el que se convocaba a la sentada estudiantil y se explicaban los motivos. Resaltaron que “los alumnos comprometidos se presentaron voluntariamente con las autoridades del colegio expresando su arrepentimiento por los hechos sucedidos. Uno de los alumnos tiene una causa penal y una carta documento que indica que la institución no puede tomar las medidas que está tomando”.
Señalaban, a su vez, que la “institución sigue afirmando que defiende y protege a los alumnos, aunque actúen contrariamente”.
También opinaban que “una escuela comprometida con los derechos humanos debe actuar defendiendo la integridad de los menores y que se ha tomado una medida mucho más dura que en comparación, por ejemplo, con casos de violencia de género verbal, física y psicológica.
El diario se comunicó en reiteradas ocasiones con el colegio para obtener un comentario, pero, tras varios intentos infructuosos, señalaron que ninguna autoridad iba a referirse al tema.
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