La Fiscalía General de El Salvador reveló haber recibido de autoridades brasileñas información sobre un presunto financiamiento electoral de Odebrecht a Mauricio Funes, el expresidente salvadoreño acusado penalmente de malversar 351 millones de dólares.
El Fiscal General Douglas Meléndez adelantó que posiblemente viaje a Brasil para verificar la información proporcionada por un testigo sobre un presunto aporte de entre uno y tres millones de dólares a la campaña electoral deFunes. “En este momento es un testigo, pero puede haber un segundo” en Brasil, dijo el fiscal General.
Meléndez indicó que de verificarse la existencia de un delito, podría sumarse a la causa penal que Funes enfrenta, y por la que un juez de San Salvador ordenó su captura. Meléndez advirtió que el asilo político del que goza Funes en Nicaragua desde 2016 podría complicar su eventual extradición.
La constructora brasileña Odebretch ha sido acusada de pagar sobornos millonarios en varios países del continente.
Meléndez explicó que tan pronto un tribunal superior reciba el expediente en las próximas horas su despacho solicitará formalmente la extradición de Funes, la cual deberá ser aprobada por la Corte Suprema antes de que la cancillería salvadoreña la comunique a Managua.
El Fiscal General precisó que no le consta que Funes se encuentre actualmente en Nicaragua, pero es su último domicilio conocido.
Funes gobernó entre 2009 y 2014 postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Meléndez también se mostró optimista de que la evidencia recabada por su despacho resulte en una condena contra el también expresidente salvadoreño Tony Saca por el presunto desvío de al menos 246 millones de dólares.
Meléndez expresó su expectativa de que la sentencia condenatoria se emita antes de que Saca cumpla en noviembre dos años de prisión preventiva porque de lo contrario, quedaría en libertad.
“Hay pruebas suficientes para que un juez pueda determinar”, indicó.
Saca, quien gobernó entre 2004 y 2009, podría ser condenado a un máximo de 32 años de prisión de ser hallado culpable. (AP)
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