Por GERARDO OTERO (*)
gaotero58@gmail.com
El episodio de los aportantes “truchos” a la campaña 2017 de Cambiemos no es el único “desvío” respecto de la proclamada transparencia y buena gestión, sostenida por el oficialismo y, en particular, por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pueden mencionarse varias situaciones que evidencian la falta de interés real por mejorar la institucionalidad de la PBA y, por ende, de contribuir a hacer más eficiente y prolija su administración. Una de las más graves es la prolongada inacción respecto a la cobertura de cargos de conducción en organismos relevantes.
Un caso extremo ocurre en el Tribunal de Cuentas, máximo estamento en el sistema de control de la administración, que carece del quórum mínimo para funcionar, pues falta cubrir tres vocalías. Lo mismo ocurre en el Banco de la Provincia, cuyo Directorio funciona en condiciones de dudosa legalidad por haberse prorrogado -por un simple decreto- el mandato de algunos de sus Directores.
Tampoco el gobierno ha cumplido en enviar una propuesta para la designación de un juez de la Suprema Corte de Justicia y, en otro organismo de importancia, el Tribunal Fiscal de Apelaciones, de tres salas que lo componen, solo una está completa, en otra hay un solo juez y en la restante ninguno.
Lo anterior es más preocupante, pues las señales del gobierno vinculan tal postergación con eventuales negociaciones que pudieran hacerse en la Legislatura al momento de tratar leyes sensibles como el Presupuesto, la Ley Impositiva u otras en las que el Poder Ejecutivo no cuente con las adhesiones suficientes.
“Transcurridos siete meses del año no se conoce cuál es la situación presupuestaria y financiera. Tampoco se conoce la política de endeudamiento”
De esta manera se subestima la importancia que tales organismos tienen y que funcionen adecuadamente. Además, se desprecia la posibilidad de contar con instituciones conducidas por los más capacitados y con independencia de criterio.
La falta de convicción respecto a la relevancia de fortalecer las instituciones y mejorar el funcionamiento del estado provincial, se evidencia dramáticamente en la Administración Financiera de la provincia.
Esto es así pues la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF) viene trayendo innumerables problemas a la gestión. Los más conocidos han sido las demoras en los pagos a proveedores en todos los organismos provinciales, con particular impacto en Salud y el IOMA, por la sensibilidad social que sus prestaciones tienen. Los atrasos han sido más inconcebibles todavía si tenemos en cuenta la holgada situación financiera coyuntural de la Tesorería
El SIGAF es una réplica del sistema de administración financiera diseñado e implementado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que se pretendió replicar en la Provincia sin el debido cuidado y atención a las grandes diferencias existentes entre una administración y la otra. Desde la más evidente, como lo es la no existencia de una verdadera Cuenta Única de Tesorería en PBA - como sí ocurre en CABA - con varias tesorerías sectoriales y regionales, zonas del territorio sin la debida conectividad, o dimensión de la organización gubernamental.
El resultado ha sido la aplicación caótica del nuevo sistema. Los problemas de implementación del módulo contable, hacen que la administración -en muchos casos- actúe “a ciegas”, con falta de información fidedigna, en tiempo y forma, lo cual ha provocado la realización de pagos sin la debida documentación y controles.
En relación a esta situación son conocidas las advertencias constructivas realizadas por experimentados y “viejos” funcionarios de la provincia, respecto a los riesgos de implementarlo sin atender las diferencias con CABA, con escaso tiempo de prueba y sin contar con un sistema paralelo que permitiera continuar la administración como antes, por si las cosas fallaban.
Pero aquí se hizo evidente otra característica de la actual gestión provincial y es la distancia, en general, interpuesta con los funcionarios de línea que vienen de antes y la actitud de no valorar adecuadamente la experiencia que ellos pueden trasmitir, lo cual no coadyuva a generar la empatía necesaria con los empleados y demuestra una evidente subvaloración respecto de la administración pública provincial.
Los problemas del SIGAF también podrían ser causantes del retraso, mucho mayor al que ya caracterizaba a la gestión Vidal en los años previos, para hacer públicos los informes de las ejecuciones presupuestarias trimestrales, así como la evolución de la deuda pública.
En efecto, transcurridos siete meses del año, aún no se conoce cuál es la situación presupuestaria y financiera y tampoco cuál ha sido la política de deuda implementada, a pesar que en este último caso el Ministerio de Economía podría informar acerca de las colocaciones de deuda, de la emisión de letras y las inversiones financieras realizadas.
Es muy difícil hablar de compromiso con la transparencia cuando ni siquiera se informa el estado económico financiero de la gestión, dificultando el control y el análisis de las políticas públicas provinciales por parte de la Legislatura, los gremios, los analistas y los ciudadanos en general.
Más aún, con el grave antecedente de 2016, cuando el gobierno provincial se endeudó en $ 6.207 millones por sobre el monto autorizado ($ 60.000 millones) en el Presupuesto de dicho año, basado en una errónea e inconstitucional interpretación de la Ley 14.829, aprobatoria del Acuerdo entre Nación y Provincias para la devolución del 15% de recursos coparticipados que se destinaban a ANSES, y de la mayoría legislativa que se requirió para su aprobación.
Dicha interpretación, se “insinuó” desde el Ministerio de Economía y fue avalada con argumentos falaces y sin fundamento jurídico serio, por la Asesoría General de Gobierno y por la Contaduría General, aunque llamativamente no se solicitó dictamen de la Fiscalía de Estado. Esta anomalía originó, en 2017, un pedido de informes al PE por parte del Diputado Jorge Sarghini, que no fue siquiera tratado por negativa del oficialismo legislativo.
Es de esperar que en los tiempos que vienen el gobierno provincial entienda la importancia de respetar la institucionalidad y la transparencia en la gestión en su sentido más amplio, que las mismas deben practicarse, no solo declamarse, y que las reformas políticas y administrativas deben realizarse con los debidos cuidados para no afectar los servicios que la provincia presta, atendiendo las opiniones de quienes tienen experiencia y, fundamentalmente, siempre procurando consensos.
(*) Ex ministro de Economía de la Provincia
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