Un fiscal solicitó ayer la suspensión de la actividad del aeropuerto de El Palomar, en las afueras de Buenos Aires, y de la aerolínea de bajo costo Flybondi, hasta que se acrediten sus condiciones de seguridad, tras haber registrado ambas partes complicaciones y cancelaciones de vuelos.

El fiscal federal Di Lello expuso los problemas que acumulan tanto Flybondi como el aeropuerto de El Palomar, una base militar reconvertida y pensada para operaciones “low cost”, que iniciaron su actividad este año, y por los que pidió que se cancelen sus vuelos “hasta tanto se realicen las pericias técnicas que acrediten las condiciones de seguridad”.

“Todas estas circunstancias escapan a un simple hecho fortuito”, afirmó Di Lello en su escrito, en el que citó, entre otros casos, la anulación del despegue de un vuelo después de que el avión golpease su parte trasera con la pista hace dos semanas.

La solicitud de la Fiscalía, que ahora deberá estudiar un tribunal, se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional intenta abrir el mercado aéreo a nuevas compañías, entre ellas las de bajo costo, mientras los sindicatos del sector protestan porque, según denuncian, se están rebajando las condiciones de seguridad.

El fiscal señaló que “estos hechos hacen a la seguridad pública y deben tener respuesta de parte de la justicia, a quien se reclama su intervención para que -como en estos casos- evitar que se produzca un mal mayor, ameritando en consecuencia la suspensión de la empresa para operar, y en mayor medida, de la terminal aérea para operar como tal, en aras del interés general de la comunidad, y hasta tanto se realicen las pericias técnicas que acrediten las condiciones de seguridad, tanto de la empresa, como del aeropuerto”.

Di Lello se expidió luego de una presentación que hizo un grupo de vecinos de El Palomar para que la Justicia suspendiera las operaciones, y entre los riesgos mencionados figuran el “riesgo potencial del polvorín militar en inmediaciones del Palomar”; “cercanía de instituciones educativas en la aproximación del despegue y aterrizaje de los vuelos” y “conflictos en seguridad operacional del tráfico aéreo”.

El fiscal también cuestionó la falta de relevamientos previos a la habilitación de la terminal de El Palomar, en especial en lo referido al estado de la pista y al Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS, por su sigla en inglés), que dificulta la operatividad del aeropuerto cuando se dan malas condiciones climáticas.