Otra movida vecinal para que la Justicia frene la extensión de la Autopista La Plata

En Ensenada continúa la preocupación vecinal por el “daño ambiental” que, denuncian, puede sufrir el Parque Martín Rodríguez ante el avance de las obras de extensión de la traza de la Autopista Ricardo Balbín. A raíz de eso se realizó una presentación en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata: “El Procedimiento está mal realizado, no se dio información a la ciudadanía, ni se realizó la correspondiente Audiencia Pública y los vecinos temen sufrir inundaciones; la zona se parecerá a una especie de palangana o pileta, lo que se agrava por los eventos climáticos extremos que se repiten”, se explicó en un comunicado al tiempo que se pidió que se frene toda la actividad en la zona.

Los vecinos que pertenecen a los barrios de Villa Argüello, El Carmen, Villa Elvira y Villa Progreso, se presentaron en calidad de actores como afectados y aseguraron que se ven perjudicados por la construcción de la traza final de la autopista; ellos se reúnen mensualmente porque vive en zonas bajas, se inundaron en muchas oportunidades y temen que la obra agrave el problema.

De acuerdo a lo que se explicó, la primera etapa está en la bajada actual de la autopista hacia la calle 32 o Camino Rivadavia. Ahí está el obrador y se prepara el terreno; el siguiente paso es avanzar sobre el Parque Martín Rodríguez, que es un Parque creado por Ley Provincial N° 5019 y protegido por Ordenanza N°1829/95; luego desde la calle 60 hasta el empalme con R. P N° 11.

En los fundamentos de la presentación judicial se comunicó que “no se tiene conocimiento cabal del proyecto, ya que no se hizo audiencia pública, ni evaluación de trazas alternativas”. Además se apuntó que no cuenta con la aprobación total de la dirección de Hidráulica y que sólo la tiene un tramo del proyecto.

El hecho que alarma a los vecinos es que ya se están realizando movimientos de suelos, se armaron dos obradores y el alcantarillado para ingresar al Parque.

Por esas razones, se pidió en la causa judicial “que se declare la nulidad de la Resolución del OPDS N° 188/14 del 30 de julio de 2014, que declaró ambientalmente apto el Proyecto de Obra denominada “Autopista Dr. Ricardo Balbín”; cuya ejecución se prevé realizar en los partidos de Ensenada y Berisso, por haberse dictado en violación del principio de progresividad, al encontrarse vigente la Ordenanza Municipal N°1829/95 de Ensenada al momento de su dictado resultando un área protegida y, además, no haber sido desafectada por ley la zona de emplazamiento de los fines asignados por la Ley N° 5019”.

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También se pusieron reparos a la declaración de impacto ambiental “fue dictada luego de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ilegítimo, ya que debería haberse cumplido con la instancia de participación ciudadana mediante convocatoria a Audiencia Pública”, sostuvieron los abogados patrocinantes.

En ese marco, se solicitó que se suspenda el inicio de la etapa de ejecución desde la bajada en Diagonal 74 hasta su empalme con Ruta 11, hasta tanto se haya realizado la evaluación de impacto estratégica, y se haya convocado a Audiencia Pública, pedidas en su momento por el Defensor del Pueblo y la OPDS, dijeron los abogados.

“Volvimos a pedir la medida cautelar porque estábamos esperando que el OPDS respondiera los informes que enviamos en dos oportunidades y no contestó nunca”, sostuvo una de las letradas patrocinantes.

Se comunicó que se tuvieron en cuenta informes del CONICET y la UNLP, que contemplan “el alto riesgo ambiental de la zona”, además se indicó que las obras se encuentran frente a un polo petroquímico y es importante no seguir sumando fuentes contaminantes del aire, ni agregar más “barreras” que impidan el normal escurrimiento de las aguas desde terrenos que están en zona de bañados, fácilmente inundables.

Los abogados que suscribieron la demanda fueron Silvana Elisa Sosa, Hugo César Represa y María Florencia Vechiati, quienes además remarcaron que no se analizaron otras alternativas para la concreción de la traza, ni se cumplieron todos los procedimientos conforme a la Ley general del Ambiente y la Constitución Nacional.