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La Fiscalía chilena realizó ayer un allanamiento en el Obispado Castrense, ubicado en Santiago, en busca de documentación sobre investigaciones de casos de encubrimiento de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, informaron fuentes del Ministerio Público.
La diligencia se realizó de forma conjunta con Carabineros (policía militarizada) por petición del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, dispuesto por la Fiscalía Nacional para investigar estos casos.
“Las investigaciones que maneja el fiscal dan cuenta que podría haberse cometido un encubrimiento por parte del Obispado Castrense”, explicaron desde el Ministerio Público.
Asimismo, indicaron que la documentación que se recoja, ya sea entregada de forma voluntaria por los responsables del lugar o bien a través de un registro en base a la orden de allanamiento, permitirá corroborar si hubo delito de encubrimiento.
El fiscal Arias está encargado de la investigación en contra del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado de abusos y estupro contra media docena de menores, y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
También conduce una diligencia que investiga expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes que tuvieran relación con denuncias que apuntaba a un grupo de sacerdotes de la región de O’Higgins que integraban una cofradía de abusadores denominada “La Familia”, caso en el que catorce curas fueron suspendidos.
Dentro de esta investigación se encuentra el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, quien está citado a declarar como imputado bajo sospecha el próximo 21 de agosto por la presunta comisión del delito de encubrimiento en casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
Además, Ezzati, de origen italiano, podría perder la nacionalidad chilena que obtuvo en el 2006 después que la Cámara de Diputados aprobó otorgársela “por gracia” y “especialmente en retribución a su amplia labor en el campo de la educación”.
La Iglesia chilena atraviesa una dura crisis a causa de los abusos cometidos por miembros del clero que llevó a todos los obispos a poner sus cargos a disposición del papa Francisco, quien hasta ahora ha aceptado cinco renuncias.
La Conferencia Episcopal de Chile hizo pública la semana pasada una lista en el sitio web con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados, por la Justicia civil o la canónica, por abusos sexuales a menores.
En tanto, la Fiscalía tiene investigaciones abiertas sobre 38 casos, que involucran a 73 personas investigadas -sacerdotes diocesanos, de diversas órdenes y laicos-, y a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
La Iglesia Católica chilena vive desde hace algunos meses sumida en una profunda crisis por los casos de abusos sexuales cometidos por curas y sacerdotes, episodios que, en algunos casos, se remontan a varias décadas atrás.
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