Los descuentos del cincuenta por ciento del Banco Provincia son inequitativos

Por GERARDO OTERO (*)
gaotero58@gmail.com

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires retomó, buscando compensar de alguna forma el deterioro salarial producido por la devaluación del peso y la consecuente escalada inflacionaria, su política de otorgar, durante dos miércoles al mes, descuentos de 50 %, con límite de hasta $ 1.500 mensuales, a aquellos ciudadanos que posean tarjetas de crédito o débito emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Es obvio que para quienes pueden acceder a dicho beneficio resulta una medida ventajosa, más allá de la incomodidad y cantidad de tiempo destinada a comprar elementos esenciales que, en ausencia de crisis, lo harían pudiendo asignar su tiempo con mayor libertad.

Pero el punto a resaltar y que puede sonar “políticamente incorrecto” es el de la manifiesta inequidad que esta política genera.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires goza de inmunidad fiscal respecto de los tributos nacionales en razón de la reserva efectuada por la provincia al celebrar el Pacto de San José de Flores en 1859. En distintos momentos se intentó gravar determinados actos vinculados a la actividad del Banco, aunque la Corte Suprema siempre lo ha denegado, aún luego de la Reforma Constitucional de 1994.

Producto de dicha interpretación el Bapro no es responsable de tributar Impuesto a las Ganancias y tampoco Impuesto al Valor Agregado. El primer caso especialmente le confiere una ventaja comparativa importante respecto del sistema bancario nacional.

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A ello debemos agregar que legalmente el estado provincial tiene la obligación de mantener todos sus depósitos en el Bapro y los municipios, si bien no tienen la misma restricción, de hecho también depositan todos sus ingresos en cuentas del banco provincial. Por supuesto que esta captación de depósitos por parte del banco es a costo cero, es decir no debe pagar ninguna tasa de interés para acceder a dichos fondos.

Los recursos de la provincia y los municipios proceden en su gran mayoría de la recaudación de impuestos (sean provinciales o nacionales vía Coparticipación Federal) y tasas que pagan todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, independientemente que tengan sus cuentas bancarias en el Bapro y, por lo tanto, accedan a su tarjeta de crédito o débito.

La inmunidad fiscal respecto a los impuestos nacionales y el menor costo de captación de sus depósitos, ventajas que deben sostenerse, otorgan al Bapro un diferencial de costos respecto del resto del sistema que deberían traducirse en ventajas para todos los bonaerenses.

Una de ellas es, sin dudas, la existencia de sucursales del banco en todas las localidades de la provincia, proveyendo servicios independientemente del resultado que pueda dar una evaluación de costo-beneficio solo económica. También el Banco otorga líneas de créditos promocionadas, a veces con el aporte de recursos del gobierno provincial, para determinados sectores (PyMes, nuevos emprendimientos, actividades agrícolas) o regiones, incentivos que promueven inversiones y creación de nuevos empleos.

Estas políticas, cuando efectivamente se llevan a cabo, suponen la posibilidad de una apropiación social de toda la comunidad bonaerense respecto del beneficio extraordinario que al Bapro le genera la inmunidad.

El Bapro también es beneficiario del subsidio, financiado por toda la población, que consiste en la transferencia de fondos de parte de la Provincia para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de sus empleados.

Ahora bien, si supuestamente el Bapro puede disponer de un excedente de recursos tal que le permite al gobierno decidir una política que genera un ahorro de 50% en las compras que realizan sus clientes es porque justamente goza de aquellas ventajas, pero no resulta equitativo que solo la aprovechen aquellos que operan con el banco pues a dicha situación diferencial contribuyen todos los bonaerenses, independientemente de su condición de clientes o no del banco.

Es más, gran parte de la población que más necesitaría acceder a este tipo de descuentos en los productos esenciales de la canasta básica familiar, seguramente no son clientes del banco y ni siquiera están bancarizados: desocupados, monotributistas sociales, beneficiarios de planes sociales nacionales, quienes viven de changas, la población más humilde.

La mayoría de los clientes Bapro son empleados públicos provinciales y municipales, que si bien no tienen grandes sueldos y claramente también vienen perdiendo frente a la inflación, cobran seguro a fin de mes y tienen empleo estable.

Por otra parte la discriminación también alcanza a los pequeños comercios de barrio que no forman parte del programa, ni siquiera en la proporción de descuento que sustenta solo el Banco, y que seguramente son los que más impacto reciben de la caída de ventas producida en los últimos meses.

Eso sí, si la política de descuentos del 50% le ocasiona al Bapro una pérdida financiera – y es difícil no estimar que así sea – dicho costo con seguridad será descargado en toda la población pues aquellas políticas universales de promoción que el banco debería hacer extensivas a todos los bonaerenses no podrán sostenerse o deberán ser de menor alcance e intensidad.

(*) Economista; ex ministro de Economía de la Provincia