Ratifican la millonaria multa al Suteba y el frente de unidad docente va a la Justicia

El gobierno bonaerense ratificó ayer que le aplicará una multa millonaria de entre 600 y 700 millones de pesos al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) por no acatar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo para frenar la huelga que los docentes habían convocado para esta semana.

Quien confirmó el castigo fue Marcelo Villegas, titular de la cartera laboral bonaerense, es decir, el organismo que dictó la conciliación y que ahora debe convocar a los gremios y al resto del gobierno para que se sienten a negociar el aumento salarial para este año.

Como se sabe, mientras los otros cinco gremios docentes de la Provincia acataron la conciliación, el Suteba paró de todos modos ya que adhirió a la protesta organizada por su entidad madre, la Ctera, a nivel nacional, y en ese contexto interpretó que no violó la resolución del Ejecutivo pues la huelga federal “no estuvo objetada por nadie”.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense conformado por la Feb, Sadop, Udocba, Amet y Suteba cerró filas y, mediante un comunicado, expresó “el más enérgico rechazo a la multa anunciada mediáticamente por el ministerio de Trabajo bonaerense al gremio Suteba”, y consideró que “ese proceder demuestra a las claras, una vez más, la persecución que ejerce este gobierno a las organizaciones sindicales”.

Asimismo, el frente gremial acusó al gobierno de no cumplir con la conciliación debido a que aún no los convocó a negociar, por lo cual lo denunció ante la Justicia. Y afirmó que está evaluando realizar una denuncia penal a Villegas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Exigimos que el ministro de Trabajo deje de actuar de mala fe y convoque urgentemente a las partes para retomar las negociaciones salariales”.

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“Moyano y Baradel”

Tras comentar que el gobierno provincial “dictó una conciliación después de 17 reuniones y 8 propuestas a los gremios, cuya respuesta fue un paro”, Villegas opinó que el Suteba apeló al engaño para no acatar la conciliación. No usó ese término, sino un sinónimo: ardid.

Dijo, en otras palabras, que utilizó el paro nacional convocado por su entidad madre, la Ctera, para “zafar de la responsabilidad que le compete como organización gremial en la Provincia. (Así) el Suteba cumplió dos días de paro que estamos auditando. En función de eso, vamos a aplicar la multa correspondiente. Es una decisión tomada”, subrayó el ministro.

Explicó que “la sanción tiene escalas determinadas por ley, sobre las cuales estamos trabajando. Como base se utiliza el salario mínimo, vital y móvil (actualmente de 10.000 pesos), y hay un rango que va del 50% de ese monto hasta el 2.000%”.

“Atentos a que hay una reincidencia de Suteba (ya no cumplió una conciliación) y una pretendida maniobra para zafar, vamos a aplicar una multa agravada que estará en el orden de los 600 a 700 millones de pesos”, especificó.

Con la confirmación reciente por parte de la Justicia de la multa que el gobierno nacional le aplicó al gremio de los Camioneros, Villegas apeló a la comparación entre los dirigentes gremiales. “Podemos decir que Moyano y Baradel actúan de un modo casi idéntico, por fuera de la ley y sin hacerse cargo”, apuntó y aclaró que “estas multas se aplican sobre los fondos de los sindicatos y no sobre los fondos de sus obras sociales. Las pagan los gremios, no los trabajadores”.

El lunes último, primer día de paro de Ctera y Suteba, Roberto Baradel dijo que la multa constituía “un apriete, una extorsión. Esto lo hacen las dictaduras o los gobiernos autoritarios: quitar personerías, aplicar multas millonarias o intervenir sindicatos. El objetivo es desarticular el reclamo de los trabajadores”, realzó.

El titular de Trabajo sostuvo en la víspera que “más allá de que las manifestaciones de Baradel han sido utilizar a Ctera para desligarse de responsabilidades, se va a aplicar la multa en función de la reincidencia”. El monto ascendería a 659,7 millones de pesos.

Fuentes del gobierno detallaron que esa cifra surge de multiplicar “el salario mínimo, vital y móvil por la cantidad de afiliados del Suteba, y de sumarle la penalización por reincidencia, ya que es la segunda vez que no acata la conciliación obligatoria”.