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Por Mariano Pérez de Eulate
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
Una cierta psicosis invade a varios intendentes del Conurbano bonaerense desde que el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, declaró como arrepentido en la causa de los llamados cuadernos de la corrupción, esa brutal bitácora del circuito de presuntas coimas y sobreprecios que imperó durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Una versión que circula en el mundillo político pero no ha sido confirmada por fuentes judiciales sostiene que, en su afán por vomitar detalles del mecanismo del que él mismo era parte, López habría contado ciertas maniobras espurias que se habrían realizado en los municipios bonaerenses con obras públicas que tenían financiamiento nacional y que eran llevadas adelante por muchos de los actores empresariales que aparecen mencionados en los cuadernos malditos de Oscar Centeno e incluso por otros que no figuran allí.
Hablamos de municipios que en ese entonces eran manejados por el peronismo, y que aún siguen siéndolo; pero también por comunas donde gobernaban y aún gobiernan dirigentes de Cambiemos que, más allá de las formas públicas, mantenían un muy buen vínculo con De Vido. Así, la información puede ser una bomba que deje esquirlas en todos lados.
El problema central sería, según altas fuentes al tanto del tema, que muchos jefes comunales habrían firmado –a modo de certificación- la realización de obras públicas que nunca se hicieron en sus distritos, a pesar de que buena parte de los fondos sí fueron derivados desde la Nación.
Se sospecha de un mecanismo de triangulación de dinero que se originaba en el ministerio de Planificación que conducía Julio de Vido, pasaba por las comunas “amigas” y ciertas empresas “designadas” y finalmente una parte importante, que generalmente era el primer adelanto, volvía a los recaudadores nacionales. López, el de los bolsos del convento, habría sido justamente uno de lo soldados que tenía la misión de “pasar la gorra”.
En algo de esto se empezó a fijar el fiscal platense Alvaro Garganta, quién le pidió información al juez Claudio Bonadío para cruzarla con los datos que manejan en su fiscalía respecto a algunas denuncias de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli, que también involucrarían a la obra pública.
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A Garganta le interesa puntualmente la declaración del ex titular de la Cámara de la Construcción Argentina, Carlos Wagner, uno de los arrepentidos que habría aportado datos más sustanciales en la causa de los cuadernos.
Bonadío aún no mandó esa información a La Plata, básicamente porque rige en la causa el secreto de sumario. Probablemente lo haga cuando termine con la saga de procesamientos, que casi con seguridad incluirá a Cristina.
Según fuentes judiciales, el fiscal Garganta quiere cotejar ciertos datos que aportó en su momento en su fiscalía el también arrepentido Leonardo Fariña, en una causa distinta a la de los cuadernos pero que tiene conexiones con ésta. Fariña habría señalado a De Vido, a Wagner, en menor medida a Scioli y a actores de la Cámara de la Construcción bonaerense, como las personas que “digitaban” la obra pública en Buenos Aires. Según el célebre testigo, este grupo de influencia no dejaba entrar a la Provincia al ahora detenido constructor Lázaro Báez, a pesar de la banca que tenía éste del propio Néstor Kirchner, lo que habría generado mucho ruido en la dinámica interna del kirchnerismo. Se supone que Báez quedó más desprotegido luego de la muerte del ex presidente.
Se sospecha en Tribunales que los intendentes bonaerenses sabían de esta suerte de supuesta “cartelización bonaerense”, porque era justamente en sus distritos donde se realizaban las obras, e incluso la habrían avalado aceptando a los actores de la construcción que les digitaban “desde arriba”.
Es por eso que más de uno teme, dicen informalmente sus voceros oficiosos, que Bonadío los cite al menos como testigos. Una foto a la que ninguno quiere exponerse, más allá de que una declaración testimonial no implica sospecha o culpabilidad. Acaso esto también explique, desde un punto de vista político, la enorme solidaridad que viene mostrando con la ex presidente y actual senadora, quien aparece cada vez más comprometida en el expediente que tramita en Comodoro Py.
Que López y De Vido mantenían una fluida relación política con los intendentes del Conurbano no es novedad. Era un mecanismo que procuraba ningunear al gobernador de turno, restándole autoridad en base al manejo férreo de la caja de la obra pública. Lo sufrieron Felipe Solá, cuando tenía como presidente a Kirchner, y Scioli después, durante las dos gestiones de Cristina en la Casa Rosada. Sobre éste último hubo escenas de desautorización cercanas a la humillación, que más de un intendente recuerda en cualquier diálogo privado.
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