Los montos de las propiedades declaradas por funcionarios y concejales figuran con la valuación fiscal dispuesta por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) a diciembre de 2017 en todas las declaraciones juradas públicas porque el documento presentado versa sobre ese período. No obstante, así como las valuaciones de los inmuebles estaban en ese momento altamente desfasadas del valor de mercado, también se encuentran hoy, al momento de conocerlas, relativizadas. Es que ARBA aplicó en los primeros meses de 2018 un fuerte revaúo que llevó a muchos inmuebles al doble o inclusive más. Esa diferencia en los patrimonios de funcionarios y concejales se verá plasmada recién cuando se publique la próxima tanda de declaraciones, en 2019. Es que la ley provincial a la que adhirió el municipio establece que estos documentos deben ser renovados todos los años. Por eso, independientemente de que las declaraciones se hayan presentado en orden, no reflejan en su totalidad el valor real del patrimonio.
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