Piden investigar los aportes de la campaña presidencial de Cambiemos, el FpV y Massa

La cuentas fueron desaprobadas por la Justicia pero ahora quieren conocer “efectivamente” el origen y destino de los fondos

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La Cámara Nacional Electoral ordenó ayer profundizar la investigación sobre el financiamiento de las campañas electorales presidenciales de 2015 de las principales coaliciones políticas.

En cuatro fallos, el alto tribunal dispuso que deben seguir investigándose diferentes situaciones advertidas en las auditorías contables de las campañas de Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidos por una Nueva Alternativa y Compromiso Federal.

Las resoluciones de la Cámara son en respuesta a cuatro apelaciones planteadas contra la desaprobación de las rendiciones de cuentas de la etapa electoral de 2015, cuando resultó electo Mauricio Macri.

El resto de las campañas que fueron puestas bajo la lupa son las del FpV (el candidato era Daniel Scioli, UNA (la alianza liderada por Sergio Massa) y Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Saá).

Según las fuentes, los camaristas señalaron que aun cuando las cuentas fueron desaprobadas, el juzgado de primera instancia “deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña”.

Entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, se enuncian la necesidad de “corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados”, para lo que la Cámara requirió que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos hicieron las contribuciones.

También la existencia de aportes que podrían encuadrar en las “prohibiciones legales” y de gastos de campaña “no declarados”, que fueron detectados a través de relevamientos y monitoreos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral.

Puntualmente, los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera detallan la necesidad de corroborar: la autenticidad del origen de algunos aportes privados, la existencia de aportes ilegales por parte de empresas y de gastos de campaña no declarados como la publicidad en vía pública, medios gráficos, la actividad en redes sociales e incluso gastos producidos antes del inicio del período legal de campaña.

La Cámara requirió que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones y señala la necesidad de citar a declarar a “personas que tienen un vínculo relevante” con empresas que “carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos”.

En ese contexto, también solicita ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, “atento al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas”.

“Lo que está en juego es la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático”, señalaron los jueces en su resolución.

 

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