La sociedad no tolera escraches ni autoritarismos

La aparición de los llamados escraches -es decir de los agravios, ataques físicos y actitudes intolerantes contra determinadas personas-, traducida en la decisión de algunos grupos de arrogarse una supuesta autoridad para zanjar diferencias a través de métodos violentos o de intolerancia, se ha constituido en una palmaria negación de lo que significa convivir en una sociedad civilizada.

En esta columna se ha sostenido la invariable posición de condenar estos episodios. Hace algunos años, al rechazarse una injustificable agresión que se había cometido contra el anterior Gobernador provincial , como derivación de un escrache realizado por un pequeño grupo de productores rurales en Lobería, se aludió a la creciente permisividad con que el país había venido consintiendo la proliferación de actitudes supuestamente sociales, esgrimidas por algunos que bajo el pretexto de formular reclamos o expresar disconformidad, no trepidaban en incurrir en actos de violencia verbal o física.

Esa invariable actitud de reprobación se mantuvo aquí para cuestionar los escraches que se registraron contra políticos, periodistas o ruralistas, por las posiciones críticas u opuestas a las que sustentaba la administración anterior. Se dijo siempre que esas acciones significaban –y siguen significando- inexcusables muestras de intolerancia.

Ahora ha sido el ministro de Educación bonaerense el que soportó una agresión de estas características, en un hecho que fue denunciado ante la Justicia. El incidente ocurrió en el Instituto Nacional de Educación Teconológica (INET), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí el ministro participaba de una actividad en una de las aulas cuando se empezaron a escuchar bombos y gritos en el hall lindero. Los manifestantes rodearon al funcionario y en el tumulto registrado alcanzaron a golpear en la nuca a uno de sus colaboradores. Quienes protestaban eran personas enroladas en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal y portaban carteles de reprobación al Ministro y a la Gobernadora, así como de reclamo por varias reivindicaciones. Otras pancartas pedían la renuncia del titular del área educativa provincial.

Se ha dicho que le ha costado mucho al país recobrar la plena vigencia de derechos y garantías, como para permitir que grupos minoritarios se adjudiquen la prerrogativa de no aceptar el disenso. Y, lo que es peor, de incurrir en acciones que bordean lo delictivo. Si bien no faltan voces que bregan para que se alcancen consensos políticos de fondo, no deben tolerarse estas expresiones alejadas de los valores democráticos.

De allí que tanto el Gobierno como la sociedad deban velar para que no reaparezcan metodologías autoritarias, que constituyen un claro desmedro de los derechos de los demás y que afectan a otras categorías constitucionales. Pero son los poderes públicos los que primero deben hacer lo necesario para eliminar de la vida pública todas aquellas muestras de división e intemperancia.

Permitir que continúen estas actitudes –como, por ejemplo, la reciente e insólita toma de la sede del ministerio de Economía- sería promover la anomia como modelo de vida social, cuando lo que corresponde es que se les reclame a todos los habitantes sujetarse a los términos institucionales de la vida democrática. Ningún sector del país ni ninguna persona puede arrogarse el derecho de atacar a otros, ni superar las precisas fronteras marcadas por la Constitución y las leyes.