Irregularidades de gran magnitud en el control de comedores y merenderos

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Carlos Blanco, aseguró que las auditorías realizadas sobre los registros de comedores y merenderos del exministerio de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) revelaron irregularidades de magnitud.

“Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, advirtió en declaraciones radiales.

Blanco explicó que se trató de una primera etapa de control centrada en el sistema RENACOM, la base digital donde se registraban los comedores: “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”. Según detalló, en una muestra aleatoria de visitas, encontraron establecimientos que no existían o que no cumplían con lo declarado.

Consultado sobre si esos lugares recibieron fondos durante ese tiempo, respondió: “La parte física y financiera aún no fue auditada. Eso es materia de la segunda etapa. Pero es evidente que no se controlaba a quién se le giraba dinero ni qué hacían con él”. Y agregó con crudeza: “La falta de control es el terreno fértil para la corrupción. Esto lo estamos viendo en todos los organismos que auditamos”. Además, Blanco advirtió sobre un patrón estructural en la administración anterior: “No hay rendición de cuentas, ni evaluación de impacto de los programas. Todo giraba en torno al anuncio político, sin importar si los objetivos se cumplían o no”.

La auditoría demoró más de un año debido a cambios constantes en la conducción del área. “Desde diciembre de 2023 pedimos datos, pero recién ahora logramos acceder a información clave. Hubo tres titulares en ese período, lo que retrasó todo”, explicó.

Blanco también se refirió al conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se niega a ser auditada por la SIGEN y judicializó el caso alegando autonomía. “La autonomía universitaria no implica no rendir cuentas. Las universidades nacionales manejan fondos públicos, por eso deben ser auditadas. Hasta 2022, la SIGEN auditaba sin inconvenientes. Fue recién con un dictamen posterior que eso cambió”, detalló.

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Actualmente, la SIGEN mantiene un litigio judicial con la UBA, aunque Blanco destacó que otras universidades sí están colaborando.