Los reiterados actos intimidatorios sufridos por dos fiscales provinciales de La Matanza que en estas jornadas participaron en un juicio que se siguió contra cuatro agentes del Servicio Penitenciario bonaerense, a los que se acusó por los delitos de torturas y apremios ilegales, merecen la más profunda de las investigaciones. Cabría agregar que el veredicto emitido por un jurado popular declaró no culpables a los acusados.
En este sentido es de esperar que la causa abierta por estos ataques intimidatorios -ocurridos en la vía pública, el primero de ellos traducido en la rotura del neumático de un vehículo perteneciente a un funcionario judicial y, el segundo, en la intercepción de un fiscal mientras manejaba su automóvil, cruzarle otro auto enfrente y desde éste arrojarle una piedra al parabrisas- concluya en el esclarecimiento de ambos episodios.
Cabe señalar que tales incidentes y otros de similar naturaleza se están presentando con inquietante frecuencia en muchos ámbitos de la actividad de la administración de Justicia provincial. Hace tres años el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense salió a dejar expresa constancia de su repudio a un salvaje ataque sufrido por un secretario de Garantías del departamento judicial de Morón, en un hecho que fue relacionado a una investigación que se realizaba sobre una fuga de presos de una comisaría de Hurlingham.
Ocurre que en estos casos se está hablando de agresiones a personas en las que se encuentra depositada la máxima garantía institucional. Y, sobre todo, cuando tales intimidaciones se relacionan con las funciones que esas personas desempeñan, pues ello implica la intención de ejercer presiones o represalias por las medidas que adoptan.
Si se trae a colación esa declaración colegial, es porque en ella se advertía sobre una escalada de violencia en todos los ámbitos del ejercicio de la función, requiriéndose entonces un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado para “garantizar la seguridad en el ámbito de los tribunales para los ciudadanos, los empleados y los operadores del sistema”.
Resultaría por lo pronto inconcebible permitir que tanto los integrantes, como las sedes del Poder Judicial –pues en ellas se han venido registrando incidentes absolutamente impropios- puedan permanecer en situaciones de desamparo, con magistrados expuestos a todo tipo de agresiones o actos de vandalismo. Se puede también hablar de los ataques que han sufrido varios jueces y fiscales por parte del público en las audiencias orales, en muchas oportunidades al darse a conocer los veredictos.
Las medidas de prevención que se reclaman desde hace tiempo, todas aquellas que resulte aconsejable adoptar, deben tomarse cuanto antes, para que en los Tribunales y en las personas de todos los magistrados, funcionarios y empleados que los integran, reine un clima tranquilizador, propio de las delicadas cuestiones que la Justicia debe tratar sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza.
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