La planta de Astillero Río Santiago de Ensenada fue allanada ayer por orden de la Justicia en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia del interventor de la empresa contra funcionarios del gobierno sciolista y el gremio ATE por supuesto manejo irregular de fondos.
Del operativo participó personal de la Policía Judicial de la Procuración de la Corte, de la UFI 16 de La Plata a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta y de Crimen Organizado, que secuestraron documentación en la causa por “fraude en perjuicio de la administración pública”.
Según pudo saber EL DIA, en el allanamiento retiraron varias cajas con información sobre contratos que forman parte de la denuncia presentada en la Justicia por el interventor de la empresa Daniel Capdevila.
Según Capdevila, hubo una “administración dolosa” en el Astillero, responsable de “gravísimas maniobras” y “actos administrativos irregulares”, los cuales derivaron en el desvío de “ingentes sumas de dinero en favor de ATE Ensenada” y de “contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio de la empresa”.
También se secuestraron planillas con controles de ausentismo del personal e información sobre las cartas de crédito vinculadas a la construcción de buques .
Desde el gremio informaron por su parte que “se allanaron las oficinas del ente administrador en una causa que investiga hechos contables en el período 2014/2015”.
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