Brasil, camino a la jubilación privada

El Gobierno de Jair Bolsonaro prepara una reforma del régimen de jubilaciones que propone privatizar en Brasil los fondos de previsión para la vejez, que dependerían entonces de lo que cada trabajador pueda ahorrar a lo largo de su vida laboral.

La elaboración del proyecto, que deberá pasar por el Congreso, está a cargo del ministro de Economía, Paulo Guedes, un economista formado en la Escuela de Chicago y quien tiene como meta replicar de alguna manera en el país el modelo de capitalización individual adoptado por Chile en la década de 1980, y que también pasó por Argentina en los ´90.

En Brasil, desde principios del siglo XX, las jubilaciones están bajo el sistema de reparto, mediante el cual el Estado gestiona las contribuciones en un fondo único alimentado con retenciones a los salarios de los trabajadores.

Como ha ocurrido en muchos otros países, el sistema brasileño ha entrado en crisis en las últimas décadas con el constante aumento de las expectativas de vida de la sociedad, que eleva el número de los jubilados y reduce la fuerza laboral activa, lo que lleva al Estado a tener que cubrir el creciente déficit que ese fenómeno genera.

El rojo en las cuentas de la previsión social se calcula hoy en unos 300.000 millones de reales (82.000 millones de dólares), sube a un ritmo cercano al 15% anual y equivale a un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que constituye una presión adicional sobre el crónico déficit fiscal del país.

El sistema de jubilaciones ha sido objeto de seis reformas desde que en 1988 se promulgó una nueva Constitución, pero ninguna pudo contener el creciente vaciamiento de los fondos que lo financian.

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Según el plan que prepara el ministro Guedes, la implantación del sistema de capitalización individual será precedida por una reforma que establecerá una edad mínima para acceder a la jubilación, a fin de suavizar la transición hacia el nuevo régimen. “Un sistema de capitalización como el que estamos diseñando es algo bastante más robusto”, declaró el ministro, quien sin embargo admitió que el “coste de la transición es alto”.

Ello se debe a que, hasta que el nuevo régimen sea universal, que en principio se calcula que ocurrirá dentro de unas dos décadas, se deberán financiar las pensiones de los trabajadores ya jubilados y reconocer los aportes ya hechos por aquellos que están activos.

Aún así, Guedes ha insistido en que se trata de pensar más en el futuro y “garantizarlo” desde el presente.

El proyecto que prepara el equipo de Guedes será presentado a Bolsonaro en los próximos días, pero en el entorno del gobernante se da como aprobado, sobre todo porque le ha dado “carta blanca” a su ministro en materia económica, sobre la que admite su ignorancia.