En plenas vacaciones lo atraparon por las amenazas de bomba que hizo en agosto

Ni siquiera en vacaciones las amenazas de bomba dejan de ser noticia. Después de un año en el que las intimidaciones públicas pasaron a la primera plana y se convirtieron en un dolor de cabeza para distintas comunidades educativas, en los últimos meses, tras una serie de detenciones, la virulencia de los falsos llamados a las escuelas aflojó. Y con el receso de verano desaparecieron, pero los operativos no: anteanoche, en plenas vacaciones, un joven de 17 años fue identificado por las amenazas que realizó a mediados de año en Berisso.

“Van a seguir los allanamientos”, remarcan fuentes de la investigación, dejando en claro que no quieren ser sorprendidos, el 6 de marzo, por un reinicio de clases conflictivo por las intimidaciones públicas.

Esta vez, el adolescente fue identicado por las llamadas que hizo a un establecimiento educativo berissense el 16 de agosto pasado. Después de algunos meses en los que se entrecruzaron datos de llamadas, la investigación llevó a la Policía hasta un menor de 17 años que tenía en su poder dos celulares cuyo números coincidían con los detectados como emisores de las llamadas amenazantes.

El procedimiento, que se hizo en una casa de 11 entre 141 y 142 de Berisso estuvo a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, sobre quien recayeron a mediados de año todas las causas por las intimidaciones públicas a las escuelas de la Región.

Por tratarse de un menor no quedó detenido pero seguirá imputado en una causa por “intimidación pública” y, según reiteraron los investigadores, ahora el Estado provincial podrá accionar civilmente contra los padres del acusado por los onerosos gastos que provocó cada una de las amenazas.

Berisso, como se sabe, fue el distrito más castigado por este fenómeno. Pasado agosto contabilizaban casi medio millar de intimidaciones públicas en establecimientos de la vecina localidad. Pero entonces se recurrió a un cambio de estrategia, se unificaron las causas y este tipo de delitos empezó, de a poco, a amainar.

En la mayoría de los establecimientos educativos se puso en práctica un nuevo protocolo de evacuación destinado a desalentar a los protagonistas de la ola de amenazas de bomba. Ello implica una revisión del edificio previa al ingreso de los alumnos y, luego, la permanencia de una guardia. Si ingresa un nuevo llamado y se constata que no es peligroso, los agentes vuelven a revisar el lugar pero sin evacuarlo. La estrategia se repetiría este año, de continuar el flagelo.