Ejercer la función pública es un derecho al que como ciudadanos podemos aspirar, pero sobre todo es un compromiso democrático y una responsabilidad con la República.
Debemos exigir que los funcionarios/as tengan las condiciones de idoneidad técnica y política necesarias para poder ejercer el puesto en el que se encuentren, pero es imprescindible que posean las condiciones éticas para hacerse cargo de una responsabilidad colectiva. No es sólo una afirmación de principios, sino que es una exigencia de nuestra propia Constitución. Sabiamente, los convencionales constituyentes de 1994 dijeron -al incorporar el artículo 36 a la Constitución Nacional- que cometer delitos dolosos graves contra el Estado y enriquecerse producto de ello, era considerado un atentado contra la Democracia. Para parte de la doctrina, no sólo les corresponde la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sino también la consideración de infames traidores a la Patria.
Combatir la corrupción requiere actuar en varias dimensiones simultáneamente. Por un lado, es un paso enorme la sanción de leyes como acceso a la información pública, ley del arrepentido, responsabilidad penal empresaria, defensa de la competencia o la media sanción de extinción de dominio. También es clave avanzar en iniciativas como las que impulsamos sobre transparencia en la obra pública con fortalecimiento de los mecanismos de control.
Es hora que puertas adentro de la política también incorporemos herramientas que nos permitan predicar con el ejemplo. La ley de ficha limpia, que inhabilita a aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción a ser candidatos a un cargo electivo, es una herramienta valiosa para evitar que las candidaturas sean el puente a la impunidad.
Algunos pretenden sostener la existencia de una contradicción con la presunción de inocencia. Sin embargo, estamos hablando de las condiciones de idoneidad que exigimos como ciudadanos a nuestros representantes.
En síntesis, alguien con condena penal por delitos de corrupción puede (y debe) perder su derecho a ser elegido hasta que se demuestre lo contrario. Es simple, es claro, es transparente. Predicar con ejemplo, implica hacer los esfuerzos necesarios para que la política vuelva a ser sinónimo de bien común.
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