CARACAS
La Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición acusó a Nicolás Maduro de estar usurpando la presidencia de Venezuela a partir del próximo jueves, cuando asuma su segundo mandato y se comprometió a impulsar un “gobierno de transición” que llame a elecciones.
“Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro. A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo”, dijo Juan Guaidó, elegido presidente de la Cámara al iniciarse el año legislativo y apenas un día después que 13 países latinoamericanos nucleados en el Grupo de Lima, entre ellos Argentina, pidieran que el legislativo asuma el gobierno. El jefe parlamentario también consideró “rota o usurpada la cadena de mando” en la Fuerza Armada -principal sostén de Maduro-, a la que pidió apoyar los esfuerzos para “restablecer la democracia” en el país petrolero, sumido en la peor crisis económica de su historia moderna.
GOBIERNO DE TRANSICIÓN
Ante la bancada opositora y el cuerpo diplomático, Guaidó se comprometió a “generar las condiciones para un gobierno de transición” y “elecciones libres”. “La presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada”, remarcó el diputado de Voluntad Popular, partido del dirigente Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
Caracas acusó al Grupo de Lima de “alentar un golpe de Estado” por instrucciones de Washington. El gobierno izquierdista de México se apartó del pedido. Al mismo tiempo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Robert Palladino, expresó el “apoyo a la Asamblea Nacional” en “su compromiso de defender la democracia” y buscar “una transición”. Definió al Parlamento como “la única institución legítima” en Venezuela. El inicio de la legislatura transcurrió en calma, pese a que diputados denunciaron el hallazgo de una granada a las puertas del salón de sesiones el viernes.
Maduro, de 56 años, fue reelegido el 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Parlamento opositor con aval de la Justicia. Denunciando un “fraude”, los principales partidos opositores boicotearon esas elecciones, si bien sus mayores figuras estaban inhabilitadas o encarceladas. Solo un rival de peso, el disidente chavista Henri Falcón, desafió a Maduro, ahondando divisiones entre los oponentes del mandatario, cuya reelección también desconoció la Unión Europea.
“Maduro es un usurpador, un invasor, y debe ser desalojado”, declaró la diputada Delsa Solórzano. El desconocimiento de Maduro, sin embargo podría no tener ningún efecto pues las decisiones del Parlamento son anuladas por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia, que lo declaró en desacato desde que la mayoría legislativa opositora asumió en 2016. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, anunció que Maduro jurará ante el Tribunal Superior de Justicia al considerar que el Legislativo “carece de legitimidad por estar en desacato”. (AFP y EFE).
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