La Corte le pidió opinión al procurador de EE UU sobre la expropiación de YPF

La Corte Suprema de los Estados Unidos invitó ayer al procurador general de ese país a presentar su punto de vista sobre el juicio entablado contra la petrolera argentina YPF por el fondo buitre Burford Capital, a raíz de la estatización de la compañía concretada en 2012, y donde debe definir si el proceso continuará en Nueva York o en Buenos Aires, lo que fue interpretado por el Gobierno como un guiño a la posición del la parte nacional.

El pronunciamiento de la Corte, que era esperado en las últimas semanas y fue publicado ayer en la orden del día del alto tribunal, pidió la intervención del procurador general de los Estados Unidos, que ejerce el republicano Noel Francisco, quien argumentará en nombre del Gobierno del presidente Donald Trump.

La resolución conocida ayer expresó textualmente que “el procurador general (solicitor general) está invitado a presentar su escrito en este caso que exprese los puntos de vista de los Estados Unidos”, una medida intermedia de las tres posibles que se consideraban en el caso.

RESOLUCIÓN POLÍTICA

La opinión del solicitor general no es vinculante para la Corte, pero no se descarta el peso que puede tener la opinión de la Casa Blanca en el caso, y, en definitiva, acerca de una posible resolución más de tono político.

El fondo Burford inició contra la Argentina una demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF, en la que reclama un resarcimiento de U$S 3.000 millones. Por su parte, la Argentina a través de el procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los estudios de abogados contratados por el Gobierno y la empresa YPF, habían solicitado ya a mediados de 2017 que el litigio se resuelva en los tribunales nacionales.

Al respecto, la Corte Suprema estadounidense podía ayer decidir que el juicio volviera a los tribunales de Nueva York; que la causa fuera remitida a la Justicia argentina, o la finalmente adoptada de solicitar la opinión del Gobierno de Estados Unidos.

Tanto desde medios oficiales como desde la empresa se especulaba con que la buena relación que mantienen ambos gobiernos a través del vinculo personal de los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri permitiría avizorar una opinión del procurador general en favor del cambio de jurisdicción.

LA OPINIÔN DEL CANCILLER

Respecto a la decisión de ayer, el canciller argentino, Jorge Faurie, indicó que Trump “valorará seguramente los intereses de los EE UU y entiende que Macri está haciendo un conjunto de reformas imprescindibles para el dinamismo de la economía y que desea un país del siglo XXI”. “No dudo de que eso estará en la evaluación cuando (Trump) conteste sobre este tema”, enfatizó el canciller.

Burford, no era accionista de la empresa al momento de ser nacionalizado el 51% del paquete de YPF, sino que surgió como demandante al adquirir acciones de la petrolera en manos del grupo argentino Petersen y reclama una indemnización por la estatización de la petrolera en el 2012.

En aquella oportunidad, el Estado argentino mediante aprobación del Congreso nacional dispuso el pago a la empresa española Repsol -por entonces controlante accionaria de YPF- de un resarcimiento de U$S 5.000 millones para compensar la nacionalización parcial de la compañía. Las razones de soberanía que sostiene la Argentina entienden que ya que no existe ningún tipo de aversión a ese u otro fondo, tal como quedó demostrado a comienzos del 2016, cuando la actual gestión de Gobierno solucionó el conflicto con fondos y tenedores particulares de deuda que permanecía en situación de “default”.

GESTIÓN ANTRE TRUMP

Segùn la edición digital del diario La Nación, la decisión de la Corte es el resultado de diversas gestiones de los abogados argentinos, que incluyò una visita a Washington, además de un giro en la estrategia judicial y el cambio del bufete estadounidense encargado del caso.

También el matutino señala que se produjo una mención directa de Macri a Trump sobre el caso antes del la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, lo que habría decidido al máximo tribunal judicial estadounidense a tomar la decisión que se espera en Buenos Aires se traduzca en una convalidación de la justicia argentina para tratar el juicio más oneroso que enfrenta el Estado nacional en tribunales internacionales.

En cualquier caso la decisión judicial significa un alivio para las arcas de nuestro país, porque la intervención del procurador general llevará para más adelante la decisión donde el fondo buitre busca cobrar la indemnización por el proceso de estatización de YPF, que por entonces pertenecía a Repsol en abril de 2012 , pero que tenía como socio minoritario al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que luego vendió esos activos al Burford Capital. En abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF