El Tribunal Oral Federal 7 condenó ayer a cuatro años de prisión al ex presidente de la Unión Industrial Argentina, el empresario Juan Carlos Lascurain, y al ex intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, entre otros funcionarios, por el delito de “peculado” en la tramitación de la obra pública en esa localidad santacruceña.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero evaluaron en base a la prueba presentada en el juicio oral que existía responsabilidad penal por malversación de fondos públicos en la construcción de la “Avenida YPF”, de siete kilómetros de extensión.

Además de Lascurain y Pérez Osuna, fueron condenados en este juicio el ex coordinador general del yacimiento, Miguel Ángel Larregina, el ex asesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazú.

La condena llegó luego de que se denunciara el desvío de 50 millones de pesos destinados a construir un camino que nunca se hizo y cuyo costo total ascendía a 494 millones de pesos.

Pérez Osuna fue condenado como autor del delito, en tanto que el resto recibió la misma condena pero en condición de “participe necesario”.

El ex intendente de Río Turbio, una localidad santacruceña ubicada a unos 300 kilómetros de Río Gallegos, es el único de los imputados que permaneció preso durante el juicio, incluso estuvo esposado durante la audiencia en la que el presidente Castelli leyó el veredicto.

Los condenados, salvo Pérez Osuna, permanecerán en libertad hasta tanto el juicio tenga sentencia firme y en virtud de que el tribunal evaluó que no hay peligro de fuga ni posibilidad de entorpecimiento del proceso.

Por la mañana, el ex jefe comunal tuvo oportunidad de dirigir unas últimas palabras al tribunal y dijo entonces que “hubo una decisión política de este gobierno (Mauricio Macri) de no querer hacer esta obra, no fue por los valores”.

“Me sorprende y me duele que digan que soy responsable de sustraer estos fondos, jamás en mi vida ni en la Municipalidad ni en la Provincia me he prestado a eso, ni me voy a prestar nunca a sustraer fondos a nadie”, agregó.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal se entregaron como anticipo por la obra 50 millones de pesos “sin justificación o causa jurídica alguna”, a la empresa Fainser S.A, de Lascurain.

Ese pago se formalizó a través de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre, y el restante el 9 de diciembre de 2015, según consta en el expediente.

El abogado de Lascurain, Marcelo Mónaco, luego de escuchar el veredicto, calificó al juicio de “parodia” y dejó claro así que apelará la decisión del Tribunal Oral Federal 7 ante la instancia superior.

Como parte de la condena, el tribunal incorporó la “inhabilitación absoluta” de todos los condenados para ocupar cargos públicos y la restitución del dinero malversado, más intereses, a cargo de Lascurain, Larregina, Pérez Ozuna y Mazú.

La definición fue escuchada por los imputados en el salón “Derechos Humanos” del Palacio de Justicia, donde se juzgó a las juntas militares, sin exabruptos ni manifestaciones.